La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó la solicitud del Gobierno boliviano para una prórroga en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el caso 13.546, por ejecuciones extrajudiciales y detenciones ilegales tras la toma del hotel Las Américas en 2009. Este rechazo y la decisión de la CIDH de remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos marcan un momento crucial en la búsqueda de justicia en Bolivia.
La madrugada del 16 de abril de 2009, un grupo de élite de la Policía boliviana, irrumpió en el hotel Las Américas en Santa Cruz. En una operación llena de controversias, Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyaroisi y Michel Dwyer resultaron muertos, mientras que Elöd Tóásó y Mario Tadic fueron detenidos. Las acciones de esa noche, según el informe presentado por la CIDH hace dos años, no solo incluyeron ejecuciones extrajudiciales, sino también torturas, todo ello ordenado por el Gobierno del entonces presidente Evo Morales.
Este informe de la CIDH instaba al Gobierno boliviano a procesar y sancionar a los responsables dentro del territorio nacional, evitando así un juicio internacional. Sin embargo, la falta de acción efectiva por parte del Gobierno ha llevado a que el caso sea ahora remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Las circunstancias del operativo en el hotel Las Américas han sido objeto de escrutinio y críticas desde entonces. Según consta en el expediente, hubo una clara exclusión de miembros de la Fiscalía y de la Policía de Santa Cruz, con la operación siendo manejada directamente desde el Ministerio de Gobierno en La Paz. La orden de proceder sin una orden judicial ni fiscal apunta a una grave violación de procedimientos legales y derechos humanos, exacerbada por la ausencia del presidente Evo Morales, que se encontraba en Venezuela, y del entonces ministro de Gobierno, Alfredo Rada, que había viajado a Brasil.
El rechazo de la solicitud de prórroga por parte de la CIDH y la subsecuente remisión del caso a la Corte Interamericana subrayan la urgencia y seriedad con la que se deben abordar estas violaciones. La Procuraduría General del Estado dice que asumirá la defensa legal del Estado boliviano ante la CIDH. Esta defensa, sin embargo, debe estar alineada con una verdadera búsqueda de justicia y no convertirse en una mera formalidad burocrática.
La situación exige una reflexión profunda sobre el estado de los derechos humanos y el sistema judicial en Bolivia. Es crucial que el Gobierno actual, y cualquier administración futura, reconozcan la importancia de cumplir con las recomendaciones de organismos internacionales como la CIDH. La impunidad y la falta de rendición de cuentas solo perpetúan la injusticia y socavan la confianza en las instituciones democráticas.
Este caso también resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos internos de control y supervisión en las operaciones de seguridad, asegurando que se respeten los derechos humanos y las leyes.
En conclusión, la decisión de la CIDH de remitir el caso 13.546 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un llamado a la acción para el Gobierno boliviano. El mundo está observando, y Bolivia tiene la responsabilidad de actuar con integridad y responsabilidad para garantizar que se haga justicia para las víctimas del hotel Las Américas y se establezca un precedente claro contra la impunidad.