Un fallo ‘aberrante’, así calificado, de una jueza del municipio de La Guardia dispuso la liberación de 28 avasalladores de unos predios productivos en el norte cruceño. La acción fue perpetrada con violencia porque sus protagonistas irrumpieron en el lugar con rostros cubiertos y armados de machetes, bombas ‘molotov’ , palos, petardos y otros artefactos. Incluso, según se informó, mantuvieron secuestrados a trabajadores de los predios avasallados en más de 5.000 hectáreas. Casi todo un rosario de graves delitos.

Un fuerte contingente policial, con costos y esfuerzos que son de imaginar, fue movilizado hasta las propiedades avasalladas. Allí procedieron a la captura de los autores del hecho y su traslado a esta ciudad para su procesamiento ante la justicia. Ante la gravedad de los sucesos y las pruebas expuestas por el fiscal a cargo, se ordenó el envío de los avasalladores a Palmasola. Sin embargo, tardaron más en entrar que en salir de prisión, tras una acción de libertad que se resolvió en su favor porque sus derechos habían sido… ‘violentados’.

Es el mundo al revés que hace girar la calamitosa administración de justicia en Bolivia. La recurrencia de avasallamientos ‘selectivos’ de fundos productivos, -como en el caso que nos ocupa-, tiene nomás que ver con la impunidad que estimula la osadía y las malandanzas de advenedizos en número creciente. Santa Cruz parece ‘tierra de nadie’ porque el respeto a la propiedad privada es vulnerado con frecuencia, acentuando la sensación de inseguridad jurídica que espanta a los inversores.