Santa Cruz está libre de incendios forestales, después de haber soportado por más de cinco meses el que se convertiría en el peor desastre ambiental de su historia. Es una buena noticia en medio de tantas malas. El anuncio lo hizo el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), aunque de prudente modo se mantiene el despliegue de bomberos y equipos de emergencia en cinco provincias ante una eventual reactivación del fuego. Las quemas provocadas y fuera de control, la sequía, los avasallamientos y la deforestación, incluso en áreas protegidas como el AMNI de San Matías, han generado una calamidad inmensurable y cuyas consecuencias todavía están por verse. Aunque es posible anticipar que el daño a la biodiversidad puede ser irreparable.

Los incendios se registraron hasta en sitios donde el bosque nunca antes había ardido. Una reacción más oportuna del Gobierno central pudo haber disminuido el efecto de la devastación. Pero demoró más de lo debido la declaratoria de desastre nacional. Como si sus prioridades fueran otras, lo hizo en septiembre cuando en julio ya se registraban más de treinta incendios en seis municipios cruceños. Lo terriblemente ocurrido y de lo que casi ya ni se habla en el país, tampoco exime de responsabilidad al Sernap, al INRA ni a la ABT. Al menos tendrían que acompañar las acciones para que rindan cuentas quienes redujeron a cenizas casi 10 millones de hectáreas. Para que un manto de impunidad no cubra a los autores y/o responsables de un atroz e imperdonable ecocidio.