Este lunes 22 de marzo, la ‘Comisión de la Verdad’ creada por ley 879 de 23 de diciembre de 2016 y posesionada el 21 de agosto del 2017, presentó oficialmente su Informe Final. Se trata de 11 tomos y un Resumen Ejecutivo cuyo contenido fue resumido por su presidenta Nila Heredia en el acto de presentación, 41 años después del hallazgo del cuerpo de Luis Espinal, torturado y asesinado, un 22 de marzo de 1980. 

Se trata de un trabajo meritorio cumplido en algo más de 2 años por la “Comisión”, dónde debe destacarse, además de Nila, la dedicación y el compromiso de Édgar Ramírez, este gran líder minero que hoy ya no nos acompaña y que motorizó la investigación. Todavía no está disponible ese “Resumen Ejecutivo” pero al menos debo resaltar un aspecto esencial de la presentación que leyó el pasado lunes la Dra. Heredia:

Es la primera vez que una Comisión de investigación accede a los archivos secretos, celosamente guardados en el Departamento II del Estado Mayor de Ejército (EME). Según Nila Heredia: “…si bien se realizó extemporáneamente, es destacable el acto de abrir la documentación clasificada del Departamento II de las Fuerzas Armadas (…) es posible afirmar que el material logrado es de alto valor e importancia”.

Habrá que revisar el “Informe” para ver cuál fue el “material logrado de alto valor”, pero estamos ante un hecho verdaderamente histórico para la vida democrática y especialmente para el esclarecimiento de la verdad. Resulta que, comprobadamente, sí existen los archivos secretos de las dictaduras militares, guardados y negados hasta hoy por los distintos mandos castrenses. Dicha negación, increíblemente, fue asumida como “verdad oficial” por los ex mandatarios Evo Morales y Álvaro García que, a partir de supuestos informes castrenses, afirmaron que esa documentación no existía porque fue “destruida” por los propios militares.

Siempre según la palabra autorizada de Nila Heredia “…aún las Fuerzas Armadas deberán desclasificar la enorme documentación que ha quedado y que la Comisión de la Verdad no ha logrado digitalizar del todo o la mayoría…”
Se acabó el secreto castrense. Los archivos del terror dictatorial (desde Barrientos hasta García Meza pasando por Natusch y Banzer) sí existen, están en el Departamento II del EME, son “enormes” y deben ser puestos de inmediato a disposición, de la Asamblea Legislativa y del Ministerio Público para efectuar toda la investigación pendiente que, efectivamente, nos conduzca a la verdad y, si fuese posible, a la identificación y sanción de los principales responsables.

Sólo para citar 4 casos gravísimos de violación de Derechos Humanos pendientes que, seguramente, están registrados en esos “archivos” y que fueron protagonizando por gobiernos militares: 1. La masacre de San Juan, ocurrida la noche del 24 de junio de 1967, durante el gobierno de Barrientos. 2. La masacre de Tolata y Epizama, producida el 29 de enero de 1972 en el valle alto de Cochabamba durante la dictadura banzerista. 3. La masacre de “Todos Santos” perpetrada en noviembre de 1979, durante el efímero gobierno de Natusch. 4. Varios hechos delictivos del garciamesismo, no investigados, o no suficientemente esclarecidos en el Juicio de Responsabilidades, especialmente: a) El secuestro, tortura y asesinato del padre Luis Espinal, cuya planeación y ejecución correspondió al Departamento II del Ejército. b) El develamiento de toda la estructura paramilitar, a la cabeza de Klaus Barbie, organizada también desde el Departamento II. c) Lo ocurrido con Marcelo Quiroga y Carlos Flores, ametrallados en la COB e inmediatamente trasladados al Departamento II del EME. En el caso de Marcelo, aún con vida, fue objeto de torturas y vejámenes para luego hacerlo desaparecer. d) Los detalles tenebrosos de la masacre de la calle “Harrington” contra 8 dirigentes del MIR. En el Juicio de Responsabilidades establecimos indicios de que 2 o 3 de nuestros compañeros salieron con vida, fueron conducidos al SES y allí torturados y ejecutados.
Como la propia presidente de la Comisión de la Verdad sostuvo, la tarea de investigación no ha concluido. Por el contrario, con el descubrimiento de esa documentación clasificada en el Departamento II, recién toma cuerpo y proyección la investigación de los crímenes de las dictaduras, frente a lo que no puede el gobierno quedarse solo con la recepción de los 11 tomos y el Informe Final. Tampoco pueden quedar impasibles ni en el Parlamento ni el Fiscal General, y menos las FF.AA., cuyos mandos, custodios de los archivos, están en el momento histórico preciso de ser parte genuina de la vida democrática, entregando toda esa “enorme documentación”, para el establecimiento definitivo de la verdad y la Justicia.