El 8 de noviembre de 2025 se inicia un nuevo periodo constitucional. Debe asumir el Gobierno un presidente elegido en las urnas y también iniciará su mandato una nueva Asamblea Legislativa. Ese plazo es definitivo y no existe posibilidad alguna de pensar en una prórroga salvo que se produzca un golpe de Estado y se imponga una dictadura.​

Para llegar a esa fecha, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe cumplir un apretado calendario electoral. Como ya ha ocurrido en otros procesos, el cronograma tendrá que contemplar una serie de contingencias; concretamente, debe considerar la posibilidad de que se repitan votaciones en algunas mesas anuladas y también es necesario incluir la posibilidad de una inédita segunda vuelta entre las dos candidaturas con mayor respaldo, lo que implica que la primera votación debe llevarse a cabo al menos 70 días antes del 8 de noviembre; es decir, la última semana de septiembre de 2025.

La Ley 026 del Régimen Electoral establece que las elecciones generales serán convocadas mediante ley por los menos 120 días antes de la votación, pero en esta oportunidad es obligatoria la reasignación de escaños parlamentarios en función de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda y también se reconfigurarán las circunscripciones uninominales, por lo que sería muy razonable que el TSE tenga al menos cinco meses de preparativos previos a los comicios, es decir, la cuenta regresiva podría comenzar a fines de abril de 2025.

En realidad, el ciclo electoral arrancará con las elecciones primarias que tendrían que realizarse 120 días antes de la convocatoria general, posiblemente a fines de 2024. Además, es pertinente recordar que, una vez posesionado el nuevo Gobierno, inmediatamente se organizarán las elecciones departamentales y municipales porque también se aproxima la conclusión del mandato de gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales municipales.

Por lo descrito líneas arriba, cuando comience el ciclo electoral será imposible “acomodar” una votación más en medio de un proceso que tendrá todo tipo de complicaciones; por lo tanto, urge que las elecciones judiciales se lleven a cabo dentro de los próximos cinco meses puesto que los tiempos son cortos y están muy ajustados. Pero al paso que van las cosas da la impresión de que hay sectores políticos muy interesados en evitar que las elecciones judiciales se lleven a cabo este año.

Lamentablemente, en Bolivia un grupo de magistrados ejercen sus cargos de manera ilegítima, amparados en una prórroga determinada por el Tribunal Constitucional, instancia que, además, ha interferido directamente en las elecciones judiciales, ha limitado la prerrogativa fiscalizadora de la Asamblea Legislativa y recientemente ha obligado al Tribunal Supremo Electoral a acompañar el congreso del ala arcista del MAS e ir en contra de sus propias resoluciones.

Cabe preguntarse: ¿A quién benefician los fracasos recurrentes de las elecciones judiciales? ¿A quién han beneficiado las últimas y polémicas resoluciones de las salas constitucionales de La Paz, Beni o Pando? ¿Quién juega a ganar o perder semanas y meses que son valiosos? Cada quien tendrá su respuesta y no vale la pena levantar nombres; pero sí es importante decir que quién está detrás de esta estrategia solo busca el poder y le interesa muy poco la democracia. Un extremo que no se puede tolerar bajo ninguna circunstancia.