“Tiene que alarmar a los cruceños que un medio de comunicación y algunos concejales consigan la información para proteger un bien que es de toda la ciudadanía y que la justicia, de forma acelerada y con una parcialidad absoluta, está tratando de entregar a un privado. Encima de todo, con aparente coordinación con otros concejales para lograr esa pérdida a la ciudad”, dijo Fede Morón, legislador de Comunidad Autonómica (C-A), sobre la aparición de nueva documentación.
Primero fue en noviembre del año pasado, un mes después de que el equipo jurídico de Miguel Crapuzzi introdujera un amparo constitucional por el terreno del mercado Mutualista.
En esa época, hasta diciembre, se elaboró un expediente que incluía minutas de transferencia desde la década de 1940, de las familias que figuran en dos de los tres planos sepia presentados por una y otra parte.
Ya ese legajo de casi 300 páginas mostraba comunicaciones de ida y vuelta entre el Municipio y las familias, debido a los anuncios de expropiación (ordenanzas 045/84, 02/85 y 26/86); incluso reclamos judiciales de parte de la familia Domínguez, por demora en el pago del justiprecio por expropiación.
Todo esto apareció casi un año después de que en enero de 2023, en respuesta a una Petición de Informe Escrito (PIE), dos direcciones del Ejecutivo dejaran por escrito que no existía documentación que respalde el derecho propietario de la Alcaldía, error que trataron de enmendar en mayo.
En el último mes irrumpió nueva documentación, que no aparecía en ninguno de los legajos anteriores. Entre otras cosas, hay una carpeta con respaldo de egreso de la Alcaldía para pago del justiprecio a la familia Domínguez.
En la carpeta, a la que accedió EL DEBER, existe un balance de la gestión 1994, con un asiento contable que alude al Mutualista, se trata de un egreso de más de Bs 200 mil, un año después de que la familia Domínguez reclamara, vía judicial, el pago de justiprecio a la Alcaldía, que estaba en mora.
Junto a más de medio centenar de papeles de los Domínguez, además aparece un comprobante de pago por Bs 201.799,80, del 5 de mayo de 1994, entregados a Carmelo Luis Salazar Hurtado, apoderado legal de todos los propietarios de esa familia.
“La Alcaldía siempre tuvo toda la información para ejercer una defensa real del mercado; sin embargo, la gestión de Jhonny, junto a algunas cabezas de área, no solo escondieron parte de esta información, sino que no la compartieron a tiempo, y por encima de todo parece un nuevo caso de perder para ganar”, lamentó Morón.
El Concejo cuestiona
Lola Terrazas, vicepresidenta del Legislativo Municipal, dijo que con todas las pruebas que van apareciendo, la Alcaldía tiene que iniciar el proceso de mejor derecho propietario y también hacer toda la socialización de la información para que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revoque la resolución que sacó la Sala Constitucional Tercera en el departamento, de abrogación de la Ley Municipal 417/2016, que declaraba el Mutualista como terreno de dominio público, y también para que el proceso monitorio quede sin efecto.
“En la tardanza está el peligro y el equipo jurídico del alcalde está poniendo en riesgo el derecho propietario”, afirmó, y aseguró que Jhonny Fernández no ha iniciado proceso alguno en pro del mejor derecho propietario.
Asimismo, informó que con los concejales Rolando Pacheco y Noemí Rivera, del MAS, ‘Mamén’ Saavedra, Noemí Centellas y Edith Ávalos, enviaron cartas a la Procuradoría para una intervención institucional, como parte de su rol de defender y precautelar los intereses del Estado.
Por su parte, la bancada de comunidad Autonómica, conformada por Fede Morón, Marcelo Vidaurre, José Alberti y Karina Orihuela, a través de carta y conferencia de prensa, dejó claro que se mantendrá firme en la defensa de los bienes municipales.
Anunciaron que propondrán al pleno del Concejo que demande una acción de cumplimiento constitucional en contra del Ejecutivo, y que evalúe la posibilidad de abrir un proceso penal por prevaricato contra los vocales de la Sala Constitucional Tercera, por dejar sin efecto la Ley 417/2016.
Al respecto, el alcalde en su rendición de cuentas aclaró que la Alcaldía no erogará recursos para expropiaciones mientras los dueños no respalden con documentos
la propiedad.
“No voy a pagar ninguna expropiación si veo que los papeles no están orden, eso es lo que nos está pasando con el mercado Mutualista. Ha aparecido un dueño y otro ahora. No voy firmar nada mientras no esté todo legal”, dijo.
Sesión de este jueves
Este jueves, el Legislativo tendrá una sesión ordinaria, pero estarán presentes los dirigentes del Mutualista, que se oponen al pago de los puestos a Nelson Miguel Crapuzzi.
Lola Terrazas dijo que pedirá un control de legalidad de la abrogación de la Ley 417/2016, con dispensación de trámite, ya que la promulgación de la abrogación se hizo en menos de 24 horas.
DATOS
FEBRERO DE 2024
En entrevista de EL DEBER con la Secretaría de Planificación, afirmaron que desconocían algunos documentos de expropiación y minutas de derecho propietario. Sin embargo, el legajo de diciembre de 2023, remitido por la Dirección Legal a Erwin Tapia, director de Asuntos Jurídicos, aparecía una copia a la secretaria de Planificación, Andrea Daza.
CONCEJALES DE UCS
Los legisladores del oficialismo y el concejal José Quiroz no se han pronunciado. La presidenta del Concejo, Gabriela Garzón, se excusó de la sesión en la que se abrogó la Ley 417/2016; fue presidida por Quiroz.
CONTRAPARTE
EL DEBER pidió una una respuesta del Ejecutivo Municipal sobre los nuevos hallazgos y las alusiones de los concejales, pero no hubo respuesta.
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