A pocos días de las elecciones judiciales, la inmensa mayoría de la población boliviana desconoce a los candidatos, no tiene las más mínimas condiciones de elegir informadamente y tampoco entiende porqué en la mayor parte de los departamentos del país debe participar en unas elecciones mutiladas, en las que en algunas partes podrán votar por todas las opciones y en otras, particularmente el oriente boliviano, los ciudadanos no podremos elegir a nuestros representantes al Tribunal Constitucional, y en Beni y Pando tampoco lo podrán hacer para el Tribunal Supremo de Justicia.

El problema de fondo es que desde su concepción este es un sistema orientado al fracaso. El argumento utilizado fue el de procurar por esta vía luchar contra la corrupción y la manipulación política de la justicia. Nada más alejado de la realidad. Mediante la selección de los candidatos en la Asamblea Legislativa, lo que se ha conseguido es garantizar para quien ostenta el gobierno y controla una mayoría legislativa, el poder de restringir las opciones para la papeleta de votación a quienes son afines al oficialismo de turno o comprometen su “lealtad” al partido de gobierno. Esto provocó que, en anteriores elecciones, la oposición llame al voto nulo, con lo que los magistrados electos recibieron porcentajes ínfimos de la votación teniendo desde el principio legalidad sin legitimidad.

Si antes se reclamaba que mediante el sistema de elección de los magistrados por dos tercios del Congreso Nacional se había politizado el sistema o que cuando hubo que renovar a los primeros tribunales, los partidos de entonces no lograron los dos tercios por los cálculos e intereses particulares, la reforma introducida en la actual Constitución (vigente desde el 2009), no solo que no ha disminuido la corrupción ni contribuido a construir una institucionalidad que garantice la independencia y probidad de los tribunales de justicia, sino que ha exacerbado el descredito y la desinstitucionalización de la justicia boliviana a extremos que han superado negativamente los antecedentes conocidos en la historia boliviana.

De esta forma nada más alejado de la meritocracia que se necesita para atender la imperiosa necesidad ciudadana de contar con sistema de justicia en el cual jueces y fiscales garanticen la libertad, la vida, la democracia y el conjunto de derechos fundamentales de los ciudadanos establecidos en la Constitución boliviana y en los tratados internacionales de derechos humanos. Desde el sistema de selección de los candidatos a las elecciones judiciales, hasta otras leyes y normas aprobadas posteriormente por las que se puede separar de sus cargos a jueces y fiscales de forma sumaria, el sistema ha sido distorsionado a propósito para que los administradores de justicia se sometan a los intereses políticos del partido de gobierno.

Consecuentemente, los profesionales más capaces y reconocidos por su capacidad, formación profesional e integridad moral son ahuyentados de participar en el sistema de selección y elección judicial, y se repite el circulo vicioso de unas elecciones que dan origen a la conformación de los más altos tribunales de justicia del país sin el apoyo, credibilidad y reconocimiento ciudadano. En suma, con legalidad y sin legitimidad desde el principio.

En esta oportunidad será aun peor, las llamadas “elecciones parciales” vulneran gravemente el principio de igualdad ante la ley de los ciudadanos, ya que en algunas partes del país se votará por todos los tribunales y, en otros, por los menos relevantes. De esta forma, estas elecciones no cumplirán ningún estándar democrático internacional y desde el principio afectarán gravemente y desde el principio, la legitimidad de los próximos tribunales.

Las soluciones ya se han discutido y planteado por muchos expertos constitucionalistas, desde una ley que en el marco de la actual Constitución involucre a las universidades, colegios profesionales y representantes de la selección de los candidatos, limitando la discrecionalidad de la Asamblea Legislativa Plurinacionales para elegirlos, hasta la reforma constitucional para introducir un nuevo sistema que garantice la meritocracia e independencia profesional y personal en la conformación de los tribunales de justicia. Esta debe ser una de las grandes prioridades que se debe afrontar en la reconstrucción nacional que se debe encarar a partir del Bicentenario.