Después de dos cuartos intermedios y en un marco de protestas de los evistas que son minoría, el Senado aprobó y sancionó la anulación de las elecciones Primarias, en cumplimiento del pacto político interinstitucional del 10 de julio. Con ello, se allana el camino para la realización del referéndum que planteó el presidente Luis Arce y que, según su cálculo, puede ser el mismo día de las elecciones Judiciales.

“Siendo la Cámara de Senadores como cámara revisora queda sancionada la presente ley y se remite al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales”, dijo anoche el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, tras un acalorado debate en el que los evistas rechazaron la aprobación de este proyecto.

La Ley de ‘Régimen excepcional y transitorio de Elecciones Primarias’ se aprobó por mayoría absoluta con 18 votos de las bancadas de la oposición (Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos) más los votos del bloque arcista del MAS. Al momento de su aprobación estaban sesionando en sala 28 senadores.

La Ley que anula las elecciones Primarias de forma excepcional para las elecciones generales de 2025 es producto de un acuerdo político entre el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Legislativo, Ejecutivo y los partidos políticos acreditados ante el Órgano Electoral.

El referéndum más cerca

Tras la sanción de la ley que anula las Primarias, la realización del referéndum tiene más posibilidades de ejecutarse ya que se cumplió el requisito que impuso el TSE. En conferencia de prensa, el titular del órgano electoral reconoció que cuentan con la capacidad de administrar dos procesos electorales al mismo tiempo, pero no así tres. Con la suspensión de las primarias, quedan las elecciones Judiciales y el referéndum.

En ese marco, las preguntas sobre los tres temas del referéndum que planteó el presidente Luis Arce: subsidio a los hidrocarburos, escaños parlamentarios y reelección presidencial, son trabajadas por un equipo jurídico especializado, aseguró el Gobierno. Las preguntas no se darán a conocer mientras se desarrollen las reuniones con diversos sectores en el diálogo nacional.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, informó que el proceso para la consolidación del referéndum constitucional está en una primera etapa en la que un equipo de abogados trabaja en la parte legal para garantizar que Arce pueda convocar a referéndum por decreto. Ese mismo equipo está a cargo de redactar las tres preguntas que serán sometidas a consulta.

“El gobierno va por etapas en el referéndum. Es un equipo jurídico que está trabajando tanto en la parte normativa como también la forma en la que se va a trabajar, (…) Los temas están plasmados y un equipo especializado jurídico que está trabajando en ese tema para que podamos plantear (las preguntas)”, dijo la funcionaria del Ejecutivo.

Sin embargo, hasta la fecha, el referéndum anunciado por el jefe de Estado, es sólo una “idea” planteada para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dado que no ha recibido ninguna notificación oficial para ejecutar esta consulta.

“Por ahora no creo que debamos hablar del referéndum porque es algo que solo está ahí como idea, todavía no hay ningún avance en ese proceso”, decía, el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel.

Cuando EL DEBER le consultó al ministro de Justicia, Iván Lima, sobre el contenido de las preguntas del referéndum, la autoridad dijo que mientras duren las reuniones de Arce con distintos sectores sociales, las preguntas no se darán a conocer.

“No vamos a publicar las preguntas porque estamos en un diálogo nacional para poder mejorar su contenido y escuchar a nuestro pueblo”, declaró.

Asimismo, el Ejecutivo espera la interpretación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que admitió una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta que presentó el diputado arcista Juan Jáuregui, contra los artículos 152 del Código Procesal Constitucional (CPC) y el penúltimo párrafo del artículo 23 de la Ley 026 de Régimen Electoral. Según la lectura del Gobierno, estos artículos “son inconstitucionales” e impiden que Arce pueda convocar a un referéndum constitucional vía decreto.

Cuando el TCP emita su fallo, y en caso de que el mismo sea favorable a las intenciones de Arce, el Gobierno ejecutará su segunda etapa que es convocar a referéndum constitucional por decreto y mandar las preguntas al TSE.

“La siguiente etapa, luego de este amplio diálogo que hemos emprendido, es la presentación de un decreto supremo y la comunicación oficial al Órgano Electoral de las tres preguntas”, precisó Lima.

Desde el martes 13 de agosto, el Órgano Ejecutivo empezó una intensa agenda llena de reuniones con distintos sectores del país, entre ellos, organizaciones sociales afines al arcismo, el sector privado productivo para debatir y plantear soluciones sobre la crisis económica, escasez de diésel y ausencia de dólares entre otros puntos. Según el titular de Justicia, en estas reuniones denominadas como “diálogo nacional”, también se escuchará propuestas para abordar adecuadamente el referéndum planteado por Arce.

No obstante, cuando este medio le consultó a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, si en el gabinete social extraordinario se iba a plantear el sentido de las preguntas, la autoridad dijo que no.

¿Se van a socializar las preguntas para el referéndum?, preguntó EL DEBER a Prada y su respuesta fue la siguiente: “No. Las preguntas no forman parte de la agenda que se va a tratar en este gabinete social. Tiene una convocatoria específica”.

Rechazo a Arce

En el debate que antecedió la aprobación y sanción de la Ley que anula las primarias, los senadores también tocaron el tema del referéndum que anunció el presidente Arce.

Tanto la oposición y los evistas, expresaron su rotundo rechazo a la intención del mandatario de convocar a un referéndum constitucional por encima de la Asamblea Legislativa y anunciaron que no van a permitir que les sigan quitando sus atribuciones.

Uno de los discursos más encendidos fue el de la senadora Andrea Barrientos (CC) que adelantó que en el Senado se va a plantear el rechazo a la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta que presentó Jáuregui, que busca que Arce convoque a referéndum por decreto. “Hay que discutir ese referéndum tramposo del Gobierno. Habrá que discutir sacar una resolución de este Senado rechazando ese Auto Constitucional. No le vamos a permitir a esos autoprorrogados delincuentes que nos sigan quitando competencias, eso no es admisible. Si Luis Arce quiere referéndum pasa por esta Asamblea (Legislativa), si quiere modificar la Constitución pasa por esta Asamblea que no está de adorno. Es el primer Órgano del Estado”, refrendó Barrientos.

La senadora Centa Rek, de Creemos, fue la primea en hablar del rechazo al referéndum y planteó al Senado condicionar la aprobación de la Ley que anula las Primarias a que el presidente Arce retire su intención de convocar a un referéndum constitucional por encima de la Asamblea Legislativa.

En tanto, la viceministra Alcón defendió el referéndum de Arce porque permitirá a la población ser partícipe de decisiones estructurales. “Un referéndum es profundizar la democracia, donde se hace partícipe a la población después de una explicación, después de un contexto y todo el análisis que se tiene que llevar adelante”.

Con todo, se espera que este jueves, el presidente Arce promulgue la Ley que anula las Primarias.

“Arce ha llevado a su juego político a todos sus críticos”

Análisis de Carlos Cordero

El presidente Arce ha creado un nuevo escenario político de debate, de controversia, pero de alguna manera ha superado la conflictividad social. Eso no quiere decir que se han superado los problemas del dólar, los combustibles, pero ha puesto al país a debatir y esta iniciativa tiene aspectos positivos y también controversiales.

Todos los pronunciamientos de la Asamblea Legislativa, líderes políticos, expresidentes que han criticado todo esto, no se han percatado que el presidente los ha llevado a su juego político y lo que han hecho es reaccionar sin mucho éxito, porque pueden protestar todo lo que quieran, pueden argumentar legislativamente, pero no hay nada formal. Esta formalidad la tiene que cumplir el Gobierno.

En cuanto el gobierno remita al Tribunal Supremo Electoral la decisión del Ejecutivo para convocar a un referéndum, será en ese momento, cuando ya exista el instrumento real, la solicitud formal. El país se enterará cuál es la propuesta presidencial y el TSE también se tiene que pronunciar aceptando, rechazando, pidiendo ajustes y al final diciendo si puede realizar o no el referéndum.

Por otra parte, esta convocatoria a referéndum es un proceso. En el discurso, Arce ha lanzado la idea, pero se deben cumplir pasos y procedimientos. El TSE no puede pronunciarse sobre la base de una idea, tiene que pronunciarse sobre la base de un comunicado oficial que haga el Ejecutivo.

Es una revalorización de los instrumentos de la democracia, de participación y consulta electoral, es decir, recurrir a mecanismos que estipula la democracia para resolver conflictos que inciden en la sociedad.

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