Pablo Mariscal

Este 15 de diciembre finalmente acudimos a las urnas para elegir a autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Órgano Judicial —Tribunal Agroambiental (TA), Consejo de la Magistratura (CM) y Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)— aunque parcialmente para el TCP y el TSJ producto de las tortuosas batallas legales entre distintos colores políticos que fueron resueltas, polémicamente, en instancias de las mismas autoridades prorrogadas en su mandato.

Ya pasaron 12 años desde la primera elección judicial en 2011 y conocemos en demasía las críticas y observaciones a la forma de posesión de autoridades mediante voto universal. Sin embargo, éste no es un invento exclusivo de la Asamblea Constituyente de 2006. Si bien es el primer país en elegir mediante voto a sus más altas autoridades judiciales, no se trata de una exclusividad en este tipo de elecciones.

Y sí, para asombro de todos nosotros, fue EEUU el país que empezó a explorar otras formas de designación de jueces y magistrados que escapen a la designación de políticos (aclarando que estas elecciones son a nivel estatal, no federal, el equivalente en Bolivia sería a nivel departamental).

Fue en 1832, 56 años después de la independencia de EEUU, que el estado de Mississippi implementó las primeras elecciones judiciales, hoy, en al menos 21 estados de los 50 los electores votan para elegir a sus jueces y se estima que el 87% de los jueces estadounidenses estarán frente al electorado en algún momento, según Sanford Gordon, un académico de Derecho de la Universidad de Nueva York. Cabe aclarar que cada elección en cada estado de EEUU es particular y tiene sus propios procedimientos, requisitos y características electorales. Además, tienen algún tipo de elección Japón y Suiza, México está en proceso de implementación.

Los motivos para elegir este método no son diferentes a las que enfrentamos en Bolivia. Primero, las designaciones, ya sea por el ejecutivo o por el legislativo, limitan y afectan la independencia del poder judicial, ya que ambos poderes son puramente políticos. Segundo, la creencia que estas autoridades deben rendir cuentas y responder a su población.

Hoy escuchamos a políticos sin ningún tipo de conocimiento exigiendo volver al anterior sistema “republicano” y designar a estas autoridades por meritocracia. Muy bonito, muy atractivo, pero es solo una trampa para los incautos. No te dicen que la elección se realizaba en Congreso Nacional con dos tercios de votos, es decir, una elección puramente política. En otras palabras, te estarán quitando el poder y el derecho para informarte, conocer, evaluar y decidir por las máximas autoridades, ¡qué descaro!

Si algo nos falta a algunos bolivianos es tener una mirada más abierta, optimista y esperanzadora de la vida, por ello creo firmemente que ningún sistema es perfecto, sino perfectible y los resultados (parciales de momento) nos llevan a pensar que estamos viendo cambios. A diferencia de las elecciones de 2011 y 2017, donde vimos muy alta votación de nulos y blancos, esta vez la tendencia cambia a más votos válidos por candidatos. Al 67% del escrutinio, se incrementaron sustancialmente los votos válidos del 35% en 2017 al 64%, y reduciendo los votos nulos del 51% en 2017 al 19% de los votos emitidos.

¿El motivo? Un cambio de estrategia desde la oposición. Al perder el MAS (y encima estar divididos) los dos tercios de asamblea, pudieron ingresar a la batalla de inclusión y exclusión de precandidatos, no importando si son cercanos, simpatizantes o independientes a estos grupos. Una vez contaron con precandidatos, vimos a políticos, militantes e influencers de la derecha ultraconservadora, especialmente vinculados al camachismo, hacer abiertamente campaña a favor de algunos candidatos y en contra de otros.

Hago eco de la reflexión de mi colega, antiguo docente mío, pero sobre todo a quien considero amigo, el politólogo Mario Vega: podemos “mejorar el sistema electoral para las judiciales, para que la gente comprenda el proceso y preguntarnos ¿bajo qué criterios la gente puede medir el mérito, honradez, idoneidad, preparación y experiencia para escoger a los mejores administradores de justicia del país?”.

Aquí algunas ideas para profundizar el debate: fortalecer la participación de los cuerpos colegiados en derecho para la preselección de candidatos, también limitar y sancionar la injerencia de políticos durante el proceso electoral y sancionar con reducción de un porcentaje de votación en la distribución de cargos a los candidatos que hagan campaña.