El Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, comúnmente conocido como el Fondo Indígena, se creó en 2005 con la promesa de transformar las vidas de las comunidades indígenas en Bolivia. Financiado principalmente por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos, el programa manejó casi $us 1.000 millones durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce. Sin embargo, lejos de ser un instrumento de desarrollo y equidad, el Fondo se ha convertido en un símbolo de corrupción y clientelismo que ha favorecido a organizaciones y municipios afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), dejando a las comunidades indígenas, los supuestos beneficiarios, al margen.​

Desde su creación, el Fondo ha estado plagado de denuncias de malversación de fondos. En 2015, se reveló un desfalco masivo de más de $us 180 millones, que representó uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país. Aunque el Gobierno intentó lavar la imagen del programa al renombrarlo como Fondo de Desarrollo Indígena y prometió reformas, la esencia del problema persistió. En lugar de cumplir con su mandato de promover el desarrollo indígena, el Fondo se ha utilizado como un mecanismo político para consolidar el poder del MAS, distribuyendo la mayoría de los recursos a municipios controlados por ese partido.

El informe más reciente, basado en una investigación de Verdad con Tinta y Connectas, confirma que el 65% de los proyectos financiados en 2021 se destinó a municipios donde no existen pueblos indígenas constituidos como tales, sino a localidades gobernadas por el MAS. De los 804 proyectos aprobados en ese año, 612 fueron destinados a gobiernos municipales oficialistas, dejando a las comunidades indígenas, que deberían ser las principales beneficiarias, prácticamente desprovistas de apoyo. Incluso en territorios ancestrales reconocidos, como los gobiernos autónomos municipales indígenas originarios campesinos (AIOC), la asignación de recursos ha sido irrisoria, con solo cuatro proyectos aprobados.

Este uso político del Fondo no es un fenómeno nuevo. Desde sus inicios, organizaciones cercanas al MAS, como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Bartolina Sisa, han sido las más beneficiadas. Estas entidades, reconocidas en el estatuto del MAS como organizaciones “matrices”, han canalizado los recursos a sus propias estructuras, dejando de lado a las comunidades indígenas.

El impacto de esta corrupción es devastador. Obras como puentes y proyectos de riego, que deberían haber beneficiado a las comunidades indígenas, se han convertido en "elefantes blancos" o, peor aún, en peligros potenciales, como el puente en Yapacaní que está a punto de colapsar. Las poblaciones indígenas, como los yuracaré-mojeños, han sido sistemáticamente excluidas de los proyectos de desarrollo, perpetuando la desigualdad y el abandono.

La corrupción no solo representa un desvío de recursos, sino una traición a las promesas de desarrollo y respeto a las culturas indígenas. Es urgente que se lleve a cabo una auditoría exhaustiva y se tomen medidas para garantizar que los fondos destinados a los indígenas se utilicen de manera transparente y eficiente. La justicia debe prevalecer, y los responsables de este saqueo sistemático deben rendir cuentas. Solo así se podrá empezar a reparar el daño y restaurar la confianza en las instituciones públicas.