“En la actualidad no hay una sola hectárea que no pueda ser deforestada legalmente, porque si es ilegal, se legaliza. Es decir que da igual que sea o no legal”, dijo Javier Coimbra, de la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC), como parte de su intervención en el conversatorio sobre incendios, organizado en alianza entre EL DEBER, el Centro Boliviano Americano (CBA), y la plataforma de investigación para las Américas Connectas.

Junto a Coimbra, también estuvieron como panelistas Gonzalo Colque, investigador de la Fundación Tierra; Huáscar Bustillos, biólogo; y Román Vitrón, defensor ambiental de la Reserva Natural Municipal Curichi Las Garzas. 

El desmonte ocupó buena parte del análisis de los actores, por su estrecha relación con los incendios, ya que son los desechos vegetales de la deforestación los que se queman, y luego, cuando hay descontrol, ocasionan la devastación.

Colque remarcó que, al margen de la ley que se flexibiliza con una arquitectura normativa, lo que ha sucedido es que cada vez se crea un ámbito que las autoridades no controlan, y se autorizan los derechos de uso del bosque, de desmontes y quemas, dando mayores facilidades a quienes piden depredar los recursos naturales, dijo.

 “Antes se pedía título de propiedad, hoy solo hay una especie de declaración jurada, y otro modo son las comunidades interculturales. Hay unas 1.500 solo en Santa Cruz, beneficiadas con un millón de hectáreas de tierras fiscales, y el 90% de estas comunidades no vive en el lugar”, detalló Colque.

Por su parte, Javier Coimbra remarcó que “la madre del cordero de todas las leyes” tiene que ver con el cumplimiento de la Función Económica Social (FES para los predios privados) y de la Función Social (FS para las comunidades).

“En Bolivia, es muy barato causar un daño enormemente caro. En el país no se distribuye la tierra, sino el bosque”, afirmó, aludiendo a la práctica de deforestar como una obligatoriedad para mantener el derecho propietario.
“Hay una política deliberada de quitar el valor forestal porque los árboles no emiten votos, antes por lo menos había candados legales. El INRA solo reconoce cultivos o vacas”, cuestionó, y agregó que otro serio problema tiene que ver con el negocio inmobiliario rural, que ocasiona que la tierra ‘pelada’ valga más que la que tiene cobertura boscosa.

Para Huáscar Bustillos, nunca se sabrá cuánto se perdió porque no es lo mismo el daño en la Amazonia que en la Chiquitania y en otros ecosistemas, pero además recordó que casi nada se habla de polinizadores. De 2019 a 2024 se perdieron 35,2 millones de ha, mientras que el departamento cruceño tiene 36 millones de”, dijo para mostrar la magnitud de la devastación.

Román Vitrón compartió la amarga experiencia de peregrinar en el sistema judicial para hacer justicia al bosque, sin contar el amedrentamiento al defender no solo Las Garzas, sino también el Parque Amboró y el Choré. 

Apuntó a que hay incumplimiento de deberes de parte de las autoridades. “El Estado boliviano está fallando”, dijo.
Cecilia Durán, del CBA, resaltó la alianza con EL DEBER que data de muchos años, y que va acorde el espíritu de esa institución. “Estos escenarios (conversatorio) nos sirven para ver temas cruciales como el ambiental para que no se repitan estas quemas”, dijo.

PARA SABER

DOS REPORTAJES
En alianza con Connectas, EL DEBER presentó hace poco dos reportajes, bajo la frase Fuego Impune, sobre la arquitectura jurídica que facilita los incendios, pero también sobre la impunidad para los culpables, ya que entre 2019 y 2024, solo se registraron 9 sentencias, una cifra baja con relación a las millones de hectáreas quemadas.

CENTRO BOLIVIANO AMERICANO
Hizo posible el conversatorio, al que asistieron representantes de colegios profesionales, legisladores, ambientalistas y sociedad civil en general.

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