Son áreas protegidas municipales. Una está en el distrito Antofagasta del municipio de San Carlos, al norte de Santa Cruz. La otra está en el municipio de San Rafael, en la región chiquitana. Las últimas imágenes solo muestran desolación en ambos lugares. Los bosques han desaparecido y, en su lugar, hay cultivos agrícolas, a pesar de que este tipo de actividad productiva está prohibida. El factor común tiene que ver con el avasallamiento de tierras, cuya tarea es depredar para después sembrar. EL DEBER estuvo en ambas regiones y pudo constatar que los árboles han sido talados y que el espacio que ocupaban ha sido reemplazado por parcelas y más parcelas de cultivos. En San Carlos había un sitio de anidamiento de cigüeñas y fue por eso que se declaró área protegida. En San Rafael había vegetación y maderas preciosas que han sido cortadas sin cuidado para venderlas en un mercado negro.​

Los hechos suceden por acciones y por omisiones. Las autoridades responsables de cuidar estas áreas protegidas están en instituciones llamadas por ley para hacerlo. La primera es el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), suficientemente manchada por su negligencia frente a los avasallamientos, por no mencionar su complicidad para permitirlos. Bajo el amparo de los gobiernos de turno, se escuda en negar su propia culpa y señalar a otras entidades como los gobiernos municipales o la justicia agraria. Quien se queda apoltronado esperando que otros hagan, no merece estar en ese lugar; especialmente si se trata de proteger los recursos naturales.

Las otras instituciones llamadas a proteger son los gobiernos municipales que fueron los que crearon las áreas protegidas. En el caso de San Carlos, el alcalde es del Movimiento Al Socialismo y dice con desfachatez que la culpa es de los comunarios que no denuncian, que no es guardaparques para saber quién entra a la reserva Las Garzas. En el municipio de San Rafael, el alcalde hizo las denuncias y pidió inspecciones, pero no halló respuesta positiva. Entretanto observa cómo se corta la madera y se la comercializa; mientras en otras áreas se desmonta sin piedad para sembrar.

Los invasores de estas tierras son los denominados interculturales, que actúan bajo el amparo del Movimiento Al Socialismo. Saben perfectamente que su accionar es ilegal, pero no les importa.

En otras áreas se ha desatado el avasallamiento de predios con la finalidad de generar un tráfico de tierras. Todo bajo la indiferencia o la anuencia del INRA.

Ya la Fundación Tierra denunció cómo se había tomado gran parte de la reserva forestal Choré y que quienes allí se instalaron tenían permisos del INRA. Esta entidad lo negó inicialmente, pero terminó admitiendo.

El municipio de Guarayos es otra área vulnerable, pero allí no solo hay invasión de tierras, también hay encapuchados armados que disparan y matan. Entre ellos hay viejos conocidos, porque desarrollaron la misma metodología hace más de dos años en las Londras y en Santagro, pero están libres y empoderados. Obviamente ni el INRA ni otra entidad del Gobierno nacional han puesto freno a esta situación.

La depredación se ha convertido en la norma. Los incendios forestales son el método. Y quizás todo eso se explica con la afirmación de la dirigente indígena uchupiamona, Ruth Alípaz, quien dice que queman para acabar con las áreas protegidas, de manera que se pueda sembrar, o hacer minería ilegal sin riesgo, porque dentro de poco ya no habrá qué proteger.

Lo que queda claro es que hay mediocridad, negligencia y complicidad en el INRA, en la ABT en algunos municipios. El problema no se resuelve mirando a un costado, ni para las cabezas de estas instituciones ni para el presidente y sus ministros. Al final, la falsedad del discurso de cuidar la madre tierra se cae por su propio peso, en tanto los avasalladores sigan gozando de protección e impunidad.