Nicolás Maduro cumplió su amenaza. Días antes de la histórica elección del 28 de julio, el gobernante venezolano amenazó con un baño de sangre en su país si los resultados de votación le eran adversos, Y así lo hizo. A estas alturas comienzan a sumar las muertes de ciudadanos que salieron a protestar a las calles, indignados porque sienten que no solo les robaron el voto, sino que les están arrebatando la posibilidad de reconstruir su país y recuperar la esperanza. 

Y definitivamente los resultados de los comicios son adversos a Maduro, aunque los porcentajes oficiales digan lo contrario. Más allá de las encuestas de intención de voto, que pueden ser certeras o no, la oposición y gran parte de la comunidad internacional le han exigido al Consejo Nacional Electoral de Venezuela que publique las actas de todas las mesas de votación, y ese es un paso que el régimen autoritario no está dispuesto a dar. 

En lugar de ello, militares, policías y organizaciones armadas irregulares han salido a las calles para reprimir las marchas, mientras la justicia ha librado órdenes de detención para Corina Machado, Edmundo González y todos los dirigentes opositores que han puesto al oficialismo contra la pared. Y la pesadilla recién comienza porque, ciertamente, habrá que admitir que Maduro está dispuesto a todo, menos a entregar el poder. 

A lo anotado se suma la interrupción de relaciones diplomáticas de Venezuela con varios países: Argentina, Perú, Uruguay y Chile, entre otros. Por su parte, la OEA ha emitido un contundente comunicado en el califica la supuesta reelección de Maduro como uno de los fraudes más aberrantes de la historia. Costa Rica ha ofrecido asilo al binomio opositor (González – Machado) y otro grupo de dirigentes se refugió en la embajada argentina en Caracas. Y por difícil que parezca, el panorama puede tornarse más crítico en las horas y días venideros. 

Y aunque exista un clamor popular por la paz y reconciliación en Venezuela, todo parece apuntar a que el gobernante actual buscará una trinchera segura detrás de tanquetas y fusiles mantendrá la orden de detener “vivos o muertos” a todos los ciudadanos que se opongan a sus delirantes ansias de poder. 

Vale la pena precisar que los extremos mencionados incurren en la tipificación de crímenes de lesa humanidad, al tenor del artículo 7º Inc. 1º a) del Estatuto de Roma que señala que el delito se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra población civil y con conocimiento de que dichas acciones buscan el asesinato de dicha población. 

En medio de esta compleja situación, ¿qué hizo el gobierno boliviano? El presidente Luis Arce, en coro con Evo Morales, su ocasional rival, se apresuró a felicitar a Maduro por su amañada victoria. Es más, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, estuvo en Caracas encabezando una nutrida delegación de 40 personas. ¿Será que ese grupo de observadores está dispuesto a avalar el resultado extraño y sus luctuosas consecuencias? 

Una vez más Bolivia ingresa en un deshonroso cuadro de contados países: China, Nicaragua, Irán y Honduras, que miran de palco, levantan el puño izquierdo y aplauden mientras el pueblo venezolano enfrenta un doloroso trance. Si esa es la democracia que celebran, habrá que poner las barbas en remojo porque Bolivia podría correr el riesgo de seguir una ruta parecida, lo cual sería lamentable y catastrófico.