Los fallos o resoluciones de la “justicia” han sido casi siempre condicionados al poder económico o al poder político. En lo económico, es de vital importancia porque cuando el ciudadano se ve frente al sistema judicial, requiere contar con recursos económicos para contratar un estudio de abogados de renombre o en su caso simplemente un abogado; además, se debe contar con recursos por si hay que investigar, nótese que la Policía y la Fiscalía no tienen asignado presupuestos para realizar actos investigativos, así que el interesado tiene nomás que colaborar; asimismo, sucede lo propio con jueces, vocales y los magistrados, que en virtud a los famosos “reconocimientos” tienen la habilitad técnica de fundamentar su fallos según sus compromisos con alguna de las partes. Sin embargo, no podemos negar que existen en el sistema funcionarios probos.

En lo político, la situación es más que compleja, porque cuando la “orden viene de arriba” hay que asumir acciones sin ninguna clase de “reconocimiento”, son actuaciones a la “gratence”, funcionarios policiales, fiscales y jueces deben actuar conforme quiere el poder de turno –así este sea transitorio- hay que forzar declaraciones, ver cómo encajarle algún tipo penal al adversario político, aunque después tengan que dejar sin efecto sus actuaciones procedimentales porque en el apuro de hacer caso al Gobierno de turno “se equivocaron”, vulneraron garantías constitucionales y el debido proceso en sus diversas vertientes.

El pasado informe de la Human Rights, ha establecido que el Gobierno de Áñez habría utilizado el sistema judicial para realizar persecuciones a sus adversarios políticos, es decir que actuó de la misma forma que, según ella, actuaba el Gobierno anterior.

Con el cambio de gobierno en noviembre del año pasado, con Morales fuera del poder, la situación no cambió, quienes antes denunciaban la judicialización de la política -ejercían de legisladores- posteriormente por “accidente político” el Poder Ejecutivo y actuaron de la misma forma, de la cual se quejaban, es decir que utilizaron el sistema judicial para combatir al adversario político; esto demostró el señor Arturo Murillo, quien no solo amenazó y maltrató a funcionarios policiales y del Ministerio Público, sino también mandó a aprehender a un miembro del Órgano Judicial, antes que este instale una audiencia cautelar dentro de un caso de corrupción que incomodaba a su Gobierno, demostrando así injerencia.

Esta situación tan evidente, trae a la memoria un juego de antaño muy tradicional conocido como el “cinturón quemao”. 

Su origen posiblemente se dio en España, sin embargo se lo practicaba en gran parte de América Latina, en nuestro país se lo jugaba mucho en el Oriente, era un juego de niños y adolescentes; pero lo cierto es que en la época moderna también lo juegan los políticos, con la diferencia que en vez de tener como instrumento un cinturón, tienen al sistema judicial para perseguir y azotar al adversario; primero los amenazan, les hacen recuerdo que ellos alguna vez fueron perseguidos, y “cinturón” en mano reflejado en el sistema juridicial corretean a sus adversarios hasta alcanzarlos y sacarles la mugre -encarcelarlos-, pero al igual que el juego original del cinturón quemao, quien tiene el cinturón –entiéndase el poder- no lo va a tener de forma permanente, algún día este tendrá que correr para no ser alcanzado.

Si algo bueno se tiene que sacar de esta manipulación de la justicia, es que ha hecho ver a varias exautoridades que tuvieron que pasar por acusaciones del Gobierno transitorio, que si vuelven a gobernar tienen que poner especial atención al sistema judicial y al sistema penitenciario, que olvidaron darle una solución integral y sobre todo humanizar la justicia.

El pueblo ha decidido quién tendrá el cinturón quemao, el triunfo del MAS fue contundente y al final del juego esperemos que los actores políticos hayan madurado, pero sobre todo debe haber un cambio en el ejercicio del poder y la forma de hacer política, a esta última le hace falta ética y lealtad con el adversario, sin que esta llegue a la complicidad.