El largometraje “En Mano Propia”, dirigido por Gory Patiño e inspirado en la crónica periodística “Tribus de la Inquisición” de Roberto Navia, es una escalofriante narración sobre un linchamiento ocurrido en el Chapare en 2013. La trama gira en torno a cómo, en nombre de la “justicia comunitaria” y sin proceso alguno, dos hermanos acusados de robo son rociados con gasolina en una plaza pública sin que nadie intervenga para impedirlo. Los linchados saben que morirán; los espectadores presencian mudos la barbarie mientras la turba enfebrecida y sus instigadores se salen con la suya. Un macabro espectáculo digno del medioevo, llevado a cabo en pleno siglo XXI. Horroriza saber que actos de semejante crueldad son recurrentes en el país y, a menudo, silenciados.

 La crónica periodística de Navia fue merecedora del Premio Pedro Rivero, el Premio Rey de España y otros reconocimientos. La película, con gran sensibilidad y tino, desnuda la indolencia, la acusación falsa y la condena a muerte de inocentes, solo para expiar un pecado ajeno. Los actores son espléndidos, especialmente Freddy Chipana, quien interpreta al padre de uno de los ejecutados. Brilla por  su ausencia, la Policía y el silencio es la piedra que sella el crimen, como una enorme lápida. Son un constante: la inhumanidad, el salvajismo, la indiferencia y la invisibilidad de la justicia en la narrativa de Patiño, un director cinematográfico profundamente conectado con la realidad nacional.

Las escenas de “En Mano Propia” me vinieron a la mente al ver los noticieros de estos días de octubre, que muestran a seguidores de Evo Morales  en pie de guerra, bloqueando caminos, paralizando el suministro de combustible,  cometiendo actos vandálicos con armas y dinamita y sumiendo a la población en una situación de escasez y angustia. De esta manera, los evistas ejercen su propia “justicia comunitaria” contra Bolivia. No puedo dejar de ver la similitud: El cocalero de Orinoca, presidente de las Seis Federaciones de Cocaleros del Trópico, estrangula el país con el objetivo de imponerse nuevamente como candidato a la presidencia, a pesar de estar constitucionalmente inhabilitado y de burlar -a toda costa- un juicio por trata y tráfico de menores y estupro.

 Por su parte, el primer mandatario de la Nación se hace el desentendido, se ausenta como si no fuera su obligación imponer el orden y cumplir la Carta Magna para asegurar los derechos de  la población, lo cual da para pensar, que  también convertido en un linchador desvía  la mirada como parte de una estrategia cómplice.

 Los cocaleros tuvieron a su líder en la presidencia del país y representación en la Asamblea Legislativa, así como en el poder estatal y económico, durante trece años. Fueron dueños del destino del país y buscan mantenerlo, convencidos de que ese derecho les pertenece, aunque eso signifique defender la ilegalidad,  atentar contra principios ético-morales, sitiar un país y causar ingentes pérdidas económicas en plena crisis.

 Los productores de coca —no para el acullico— son el ejército de Morales y se juegan  su última carta tras el fracaso de la “Marcha de la Muerte” hacia La Paz, que tuvo una escasa convocatoria. Desde que parte del Chapare dejó de ser una tierra fértil y se convirtió en un centro de cultivo de coca para la cocaína, se ha transformado en tierra de nadie, o mejor dicho, en un paraíso para los carteles internacionales, que recorren un camino sombrío y se benefician de una estrecha relación con el inquilino del Palacio Quemado.

 El Chapare, hoy el equivalente de Sinaloa en México o Nariño en Colombia, forma parte de un circuito perfecto donde se cultiva la hoja milenaria, se cosecha y se fabrica pasta base y clorhidrato de cocaína. Es de estas tierras chapareñas de donde sale al mundo “la blanquita” de óptima calidad que promete ganancias millonarias. No es casualidad que capos del narcotráfico internacional, como el hijo del Chapo Guzmán, Sebastián Marset o miembros del Comando Vermelho, se paseen por esos trópicos con pasaporte boliviano.

 A estas alturas, queda claro que Morales necesita estrangular económicamente al país y forzar la renuncia del presidente Arce, mientras sus aliados aún controlan esferas de poder. De esta forma, una vez más, intenta imponer su ilícita candidatura. Aunque el presidente Luis Arce carece de popularidad debido a que la crisis actual también lleva su firma, nadie desea que interrumpa su mandato constitucional y sea él, quien -en un proceso transparente-, organice las elecciones de 2025. 

 Si bien estamos convencidos de que Bolivia se sostiene en medio de la corrupción, la injusticia, la ilegalidad y la falta de institucionalidad, no podemos dejar de preguntarnos: ¿cómo es posible que el Estado haya terminado de rodillas ante la barbarie y humillando la cabeza al chantaje de un personaje que encarna crímenes e intenciones dignas de un Pablo Escobar? ¿Hasta cuándo y hasta qué punto seguiremos arrastrándonos en el barro de la inmoralidad y la ignorancia?

 Esperemos que el próximo gobierno rompa con el manido discurso de cinco siglos de colonialismo y resentimiento racial,  se rodee de profesionales y técnicos en los que primen la ética, la moral y la justicia, para que nunca más seamos rehenes ni haya linchamientos de ningún tipo.