La Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia ha denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en Bolivia existe una desinstitucionalización del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, y cerca de 200 presos políticos. El desastre judicial ha sido constatado por la comunidad internacional y la sociedad civil, desde donde se ha demandado la extrema necesidad y urgencia de restablecer la vigencia efectiva de la Justicia y el Estado Constitucional de Derecho.

La investigación del Observatorio ha hecho un seguimiento sobre el estado de cumplimiento de las principales recomendaciones del Relator Especial sobre independencia de magistrados y abogados y el estado en que se encuentra su implementación. En su generalidad, las recomendaciones no han sido honradas como fueron acordadas con el gobierno nacional. La Fundación concluye con un listado de 173 personas como presos políticos, identificadas con nombre y apellidos. La lista no incluye a los asilados, refugiados y otras categorías de bolivianos que se encuentran en el exterior.

La Fundación denuncia internacionalmente que la independencia judicial en Bolivia se encuentra profundamente debilitada y erosionada, lo que a su vez pone en riesgo la estabilidad de la democracia y los derechos humanos. Las injerencias políticas, la falta de recursos, la politización de los nombramientos y el acoso contra jueces y fiscales, han creado un entorno donde la justicia no puede cumplir con su rol esencial de salvaguardar los derechos de los ciudadanos.

Lo evidente es que hay presos políticos y una violación sistemática de los derechos humanos no solo contra los opositores al régimen del Movimiento Al Socialismo (MAS), sino también entre sus propias filas partidarias. En general, preso político es una persona perseguida o que está privada de su libertad por razones políticas y donde el propio poder judicial se ha saltado las garantías básicas del debido proceso. Lo que caracteriza a estos procesos son los abusos que comete el mismísimo poder judicial, cuando está al servicio del poder político, e impone detenciones y sanciones, claramente desproporcionadas y basadas sólo en consideraciones políticas.

Las persecuciones y detenciones por motivos políticos, se han utilizado particularmente en países con regímenes autoritarios y con un evidente ejercicio abusivo del poder de los órganos del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial). En estos regímenes (Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros), la represión política recae no sólo en personas que se oponen abiertamente o critican a esos gobiernos, sino también en aquellas que ejercen una labor de defensa y promoción de los derechos humanos.

Todos estos “procesos” se realizan no solo con la finalidad de liquidar a la oposición sino igualmente con el propósito de implementar determinadas políticas que buscan la reproducción del poder político (el poder por el poder). La criminalización política implica una manipulación grosera de las instituciones del Estado y busca proscribir a todas aquellas personas que piensan distinto. En todos estos casos, se restringen las libertades de expresión y opinión; de pensamiento, conciencia y religión; de reunión y asociación y participación política, hasta privarles de continuar promoviendo sus ideales y causas políticas. No se trata de simples procesos de criminalización judicial, sino además que están acompañados de pronunciamientos condenatorios en los medios de comunicación social. A todos se los etiqueta de delincuentes “confesos”, y siempre son detenidos preventivamente en las cárceles de máxima seguridad.

La expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el ex líder cívico Marcos Antonio Pumari, entre otros, se encuentran detenidos y condenados en procesos “fabricados”. Evo Morales reconoció, por ejemplo, que el juicio ordinario contra Jeanine Áñez, se decidió en una reunión con el presidente, Luis Arce, el ministro de justicia, Iván Lima, y dirigentes de ese partido político, y todo esto no solo prueba la intromisión política en el poder judicial, sino también invalida la sentencia por falta de independencia del tribunal.

Luis Arce prometió no solo una reconciliación nacional sino también gobernar para todos los bolivianos, y corregir los errores del pasado inmediato e imponer un nuevo estilo de hacer política. La prometida reconciliación debía comenzar con una amnistía general, antes de fin de año, para todos los perseguidos y presos políticos.