Estados Unidos ha dispuesto, en las últimas horas, la incautación del avión presidencial de Venezuela y ha prolongado el vuelo turbulento que experimenta Nicolás Maduro, desde pasado el 28 de julio, cuando se celebraron unas elecciones marcadas por el fraude para que se atornillara en el poder por seis años más, en ese desventurado país hermano que parece estar a merced de gobernantes sátrapas. Dos funcionarios estadounidenses, según la cadena de noticias CNN, revelaron que la medida fue adoptada después de determinar que la adquisición de la nave, valuada en unos 13 millones de dólares, violaba sanciones de EEUU, entre otros “asuntos criminales.”

El costoso aparato que es el equivalente del Air Force One en el que se transporta el presidente Joe Biden, aunque de envergadura mucho menor que el enorme Boeing 747, se encontraba desde hacía algunos meses en el aeropuerto internacional de Repúbica Dominicana, desde donde fue trasladado hasta la terminal aérea de Fort Lauderdale, en el Estado de la Florida. El avión confiscado fue utilizado por Maduro en varias de sus visitas al exterior. “Esto envía un mensaje a la cúpula venezolana. Incautar el avión de un jefe de Estado extranjero es un hito en asuntos criminales. Estamos enviando un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley, nadie está fuera del alcance de las sanciones estadounidenses”, manifestó tajantemente uno de los funcionarios de EEUU a CNN. En este caso, se afirma que la incautación se ha enmarcado en las investigaciones que impulsa el gobierno de Biden sobre las ‘prácticas corruptas’ de su homólogo venezolano.

 Por si fuera poco, el Gobierno de Estados Unidos mantiene una orden de captura contra Maduro con una jugosa oferta de 15 millones de dólares como recompensa. En 2021, un juzgado federal de Nueva York abrió una causa contra el jefe de Estado venezolano bajo cargos que incluyen “narcoterrorismo, corrupción y tráfico de drogas”. En abril de este año, EEUU reimpuso sanciones al sector petrolero y gasífero de Venezuela, en respuesta a la decisión del Gobierno de Maduro de impedir que se realizara una “elección inclusiva y competitiva”.

Según la versión de BBC News, tomando un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Venezuela calificó como “piratería” la confiscación ‘ilegal’ de la aeronave de Maduro. Una “práctica criminal reincidente que no puede ser calificada de otra manera. Esta acción revela que ningún Estado y ningún Gobierno constitucional está a salvo de las acciones ilegales que desconocen el derecho internacional,” subrayó el documento de la cancillería venezolana, agregando que “se reserva el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar este daño a la nación”.

 En este bullado caso que deteriora aún más las relaciones resquebrajadas de EEUU y Venezuela, no sería de sorprender algún pronunciamiento de la cancillería boliviana que aventajó a todas las demás, al menos del continente, porque fue la primera en hacerlo por dos veces consecutivas felicitando y respaldando tácitamente a Maduro por su ‘victoria’ electoral, luego ratificada por el Consejo Nacional Electoral afín al controversial y resistido inquilino de Miraflores, aunque sin publicar información detallada de las actas del escrutinio que sustenten los resultados de la elección. Uno de los últimos actos del gobierno de Maduro fue ordenar la captura del candidato opositor Edmundo González Urrutia bajo cargos de ‘desobediencia a las leyes y conspiración’, una disposición que causó el rechazo y la condena de EEUU y 9 países latinoamericanos, menos Bolivia por motivos que huelga explicar.

 Sin su avión, con las alas recortadas y una creciente repulsa internacional, Nicolás Maduro apura otro trago amargo debido a su obnubilación por el poder y su distanciamiento de las prácticas democráticas.