Este miércoles comienza con malas señales para el país y para el departamento de Santa Cruz. Por un lado, la fractura de la que otrora fue unidad del departamento cruceño para exigir la realización del Censo de Población y Vivienda y que sus resultados estén antes de las elecciones de 2025. Por otro lado, el pedido del llamado gabinete social del MAS de que haya un “control” de los dólares que provienen de las exportaciones.

De hecho, no era un buen auspicio que el presidente Luis Arce se reúna primero con los actores políticos de los movimientos sociales antes de delinear las decisiones que debe tomar para enfrentar la crisis económica que afecta al país. La demanda de este gabinete social condiciona la reunión con los empresarios privados y puede llevar a su fracaso, porque pone en evidencia la intención de generar mayor injerencia del Estado en las actividades privadas, antes que la apuesta para que estas contribuyan a la salida que todos esperan.

Los empresarios privados del país asistirán hoy a la Casa Grande del Pueblo para reunirse con el presidente Luis Arce. Para lograrlo unificaron sus diversas agendas sectoriales: agropecuarias, industriales, financieras, exportadoras, constructoras y todas las demás. Pero la intervención de los movimientos sociales pretendiendo un mayor control a los ingresos de los privados es, cuando menos, un despropósito, cuando lo que se busca es generar sinergia y que todos contribuyan a la salida de este brete, sobre la base de la confianza mutua y los incentivos para producir y exportar más.

Este afán controlador desconoce el esfuerzo extraordinario de los sectores productivos que se enfrentan a una tormenta no vista hace muchos años, donde no solo hay factores internos en contra, como la escasez de divisas, de carburantes, inseguridad para invertir y marco jurídico desactualizado, sino también factores climáticos adversos y una caída en los precios de la soya.

Se espera que el presidente y sus ministros sean capaces de encarar este momento con soluciones claras, de inmediata aplicación y coherentes, pues de lo contrario solo se estará contribuyendo a una profundización de la crisis económica imperante.

Otra mala señal es la que se ha mostrado en Santa Cruz. Si antes este departamento mostró unidad para demandar la realización del censo y el cumplimiento de la promesa de redistribuir escaños como manda la ley antes de las elecciones de 2025, en este momento se proyecta un quiebre institucional que denota fragilidad de cara a las pretensiones de no dar lugar a lo que esta región se merece. Ni el Comité pro Santa Cruz, ni el gobernador, ni el alcalde acudieron al llamado del Comité Interinstitucional cuando se pretende incumplir la ley y derivar la asignación de diputaciones a un referéndum que solo le conviene al interés político del MAS.

Seguramente los ausentes esgrimirán argumentos para justificar su falta, pero su ausencia es una señal de incapacidad de debatir abiertamente sobre lo que esta región necesita. La debilidad demostrada perfora el interés cruceño y abre la posibilidad de que se vulnere el derecho a mayor representación legislativa. Y todo esto contribuye a atenuar el costo político que puede significar la redistribución de escaños para el presidente Luis Arce y el MAS. En esta ocasión el daño se lo inflige desde adentro y es una pésima noticia para todos los que nacieron y eligieron a Santa Cruz como su hogar.