José Luis Contreras C.

El globo de ensayo del gobierno de proponer, por medio de J.C. Hurachi de la Central Obrera Boliviana (COB), la obligatoriedad para los exportadores de vender sus dólares al Banco Central de Bolivia (BCB) ha provocado el repudio general del mercado al punto que el viernes 16, el gobierno tuvo que distanciarse de lo dicho por su principal socio, la COB.

Entre los argumentos para rechazar la propuesta del MAS está el carácter confiscatorio de obligar a los exportadores a vender dólares al tipo de cambio oficial (Bs6,96) sin garantía de poder recomprarlos al mismo precio en el futuro para financiar sus importaciones. El BCB probablemente favorecería a los aliados del gobierno, gremialistas, cooperativistas etc., al vender dólares al tipo de cambio oficial. Ni que hablar de la corrupción en la asignación de divisas.

Un otro aspecto MAS nocivo de la medida serían los efectos monetarios que causaría. Con un BCB seriamente debilitado financieramente y su consiguiente incapacidad de crédito real, el BCB compraría los dólares de los exportadores con emisión monetaria inorgánica que tendría un impacto inmediato en la inflación dada la cuantía ascendente de esa emisión.

Un banco central probo tendría la capacidad para financiar estas compras en un entorno de tipo de cambio flotante esterilizando cualquier presión sobre la inflación con instrumentos monetarios. Como indicamos, la probidad de gestión le escapa al BCB que, para comprar los dólares de los exportadores por US$10 mil millones (cifra de exportaciones de 2023 según el INE), requeriría duplicar la base monetaria actual de aproximadamente Bs70 mil millones, lo que generaría un descalabro económico.

Al duplicar la base monetaria, se generaría MAS inflación, pérdida de confianza en la moneda con la consiguiente presión devaluatoria, llevando al sistema financiero a subir tasas de interés para retener depósitos y tener que afrontar la consiguiente alza en su mora que atentaría contra su debilitada solvencia.

En el acuerdo firmado por el gobierno con la empresa privada el sábado 17, las partes se comprometieron a trabajar para aumentar las divisas en la economía por medio de la aprobación de créditos pendientes como de nuevos. También acordaron, ex ante, que la demanda de dólares se atenderá en la medida que se obtengan financiamientos externos.

Con el condicionante indicado, el gobierno claramente no cerró la puerta a controles de cambio y podría implementarlos argumentando el incumplimiento del sector privado de conseguir créditos que es altamente probable dada la paupérrima calificación crediticia del país.

Este fin de semana, ANF entrevistó a un economista que sugirió que Bolivia debería pedir prestado al FMI US$10 mil millones para lograr cierta estabilidad financiera a corto plazo. Sin embargo, esta propuesta es inviable considerando la situación económica actual de Bolivia. Incluso los países más endeudados con el FMI, como Argentina y Egipto, solo deben alrededor del 3-5% de su PIB. Un préstamo de US$10 mil millones representaría el 22% del PIB boliviano, lo cual es insostenible.

Sin una alternativa real de financiamiento externo, el sector privado estará MAS debilitado y el gobierno tendrá MAS poder para llevar a cabo su plan de MAS controles sobre la economía en la próxima ronda de ‘negociaciones’.