Dirigentes de los comités cívicos de los nueve departamentos del país anunciaron ayer que respaldarán “el paro indefinido” que fue convocado por los comerciantes y otros sectores sociales en rechazo a la Ley de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, promulgada en agosto por el presidente Luis Arce.

La protesta, que comenzará el 8 de noviembre, fue organizada para pedir la anulación o reconsideración de al menos ocho leyes observadas, pero especialmente la llamada “ley madre”, que dio vida a la estrategia contra la legitimación de ganancias ilícitas.

“Bolivia entra en un paro indefinido el 8 de noviembre. Santa Cruz y todas las instituciones van a respaldar la medida por completo. Queremos libertad, queremos democracia y queremos que este Gobierno indolente nos oiga”, declaró anoche el presidente de los cívicos cruceños, Rómulo Calvo, tras la reunión que sostuvo con los miembros del directorio.

Más temprano, el movimiento cívico del país emitió un pronunciamiento de “apoyo y respaldo total” a las decisiones de otros sectores contra las “leyes malditas e inconstitucionales”, que el Ejecutivo activó con el respaldo de su bancada mayoritaria en la Asamblea Legislativa.

“Brindar nuestro apoyo y respaldo total a las decisiones adoptadas por todos los sectores que se sienten amenazados por el intento de aprobar estas leyes malditas e inconstitucionales para todos los bolivianos, sumándonos al paro general, con un paro cívico nacional indefinido que se acatará desde el 8 de noviembre de 2021”, señala el texto divulgado por dirigentes de los cívicos.

El documento subraya que se trata de una movilización ciudadana que se mantendrá hasta lograr la “abrogación total” de la Ley 1386, además de sus anexos. Pero, el pronunciamiento exige que el MAS restituya también los dos tercios en el reglamento de la Asamblea Legislativa, con miras a recuperar las condiciones de la “verdadera democracia”.

El 28 de octubre, una cumbre multisectorial de organizaciones sociales que se reunió en Santa Cruz de la Sierra resolvió ir al paro nacional si el Gobierno no deroga la “ley madre” hasta el 7 de noviembre. No obstante, el MAS aseguró que no iba a retroceder con esa norma y que buscaría acuerdos solo para reglamentar la cuestionada normativa que permite ajustes sobre la política contra el lavado de activos a través de decretos y proyecta más atribuciones en favor de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

La reunión contó con la participación de los transportistas confederados de larga distancia, nacional e internacional, además de las cámaras departamentales de transporte, asociaciones de taxis y juntas de vecinos (Fejuves).

El Gobierno aseguró que la Ley 1386 no establece ningún tipo de sanción contra los gremiales, transportistas u otro sector. Aseguró que la norma establece la vigencia de una política pública que se aplicará de manera coordinada con el Órgano Judicial y la Fiscalía.

Desde Oruro, la presidenta del Comité Cívico de ese departamento, Rosario Sandalio, afirmó que la medida de presión “es para preservar las libertades ciudadanas” que, en su criterio, pretenden ser avasalladas por el Gobierno.

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