El experimento ha fracasado. Hay que buscar otra fórmula.

La justicia boliviana se desprestigió hace mucho tiempo por su venalidad y politización. La mayoría de sus fallos son influenciados por el dinero y, también tiempo ha, los magistrados eran nombrados en virtud a subterráneas decisiones políticas.

Cuando la Asamblea Constituyente consideraba la posibilidad de elegir a los magistrados de la entonces denominada Corte Suprema de Justicia mediante voto popular, expresé mis reparos en esta misma columna. Recordé que, por su esencia, el Poder Judicial es técnico, así que no se podía elegir a sus máximas autoridades en las urnas porque el voto implica un ejercicio democrático en el que se procura la mayor igualdad posible. 

Eso significa que, cumpliendo los requisitos básicos, cualquiera puede ser candidato, pero eso no es válido para el Poder Judicial cuya estructura se basa en una carrera universitaria, la de Derecho.

Pero las advertencias no sirvieron de nada porque, por lo visto hasta ahora, el MAS ya tenía un plan estructurado para copar también ese poder del Estado así que aprovechó su mayoría en la Constituyente para introducir la elección por sufragio universal en lo que hoy es el parágrafo primero del artículo 182.

No tuvimos que esperar muchos años para ver el resultado: la podredumbre de la justicia aceleró su proceso, especialmente después de las primeras elecciones judiciales. La imposición de que “las magistradas y magistrados no podrán pertenecer a organizaciones políticas” desapareció en los hechos porque los candidatos son promovidos por estos, así que, si son elegidos, llegan a esos cargos sin militancia oficial, pero con un compromiso político que van cumpliendo en sus seis años de mandato.

Y como las pulgas siguen al perro, la politización extrema abarcó al resto del ahora denominado Órgano Judicial.

Por eso, no es de extrañar que un tribunal de La Paz, el que debe dilucidar si Evo Morales puede ser candidato a senador por Cochabamba o no, haya empatado en su votación y empantanado la salida al entuerto.

Es cierto que los empates son frecuentes, debido a la subjetividad de esos seres humanos llamados magistrados o jueces, pero también es evidente que la justicia tiene fórmulas para evitar que eso se repita a menudo. Si estos señores empataron es porque no las están aplicando.

Se debe considerar, además, las causas y efectos de una resolución judicial. Si un fallo le causa daño a la sociedad, ese es un factor que un abogado competente debe tomar en cuenta antes de emitirlo, pero ese no es el caso de nuestros magistrados politizados.

Después de 11 años, vemos que la electora-politización del Poder Judicial es un monumental error. Hay que pensar en cómo corregirlo.

(*) Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.