La relación entre el Estado central y Santa Cruz es una historia larga de tensiones, abusos y ninguneos que se mantiene, casi inalterable, en el tiempo. Uno de los capítulos más evidentes y reveladores del desencuentro, se remonta a los años 50 del siglo pasado y está relacionado con las luchas cívicas cruceñas por la conquista del 11% de las regalías de YPFB para financiar obras de servicio público en el Departamento. De su pago se negaba tozudamente el Gobierno de la época que incluso ordenó invasiones punitivas contra un pueblo armado solamente de su coraje. Una referencia más reciente de esa relación malograda es el secuestro del gobernador electo Luis Fernando Camacho y su traslado a La Paz en diciembre de 2022 por orquestar un supuesto ‘golpe de Estado’ que hasta ahora es lo más parecido a una patraña oficial.

De otro lado, al masismo le queda un mal sabor de boca porque Santa Cruz es la única región donde, en casi tres lustros, no ha logrado imponerse en ninguna elección de alcalde o gobernador, a pesar de los denodados esfuerzos desplegados por el partido gobernante. La ‘rebelde’ Santa Cruz es, además, el centro económico de Bolivia por el impulso de su industria agropecuaria, forestal, minera y de hidrocarburos, a la par del emprendedurismo de su gente que le abre nuevas y mejores perspectivas de progresar y desarrollarse. No en balde su aporte al PIB con un 31,5% y se ha convertido en el crisol de la bolivianidad.

A partir de una inquietud del Comité pro Santa Cruz, se plantea como necesaria y urgente la implementación de una nueva relación con el Estado, redefiniendo el vínculo entre las regiones autónomas con el gobierno central, cuestionado por su ineficiencia y desatención de sus más apremiantes necesidades, como las que principalmente tienen que ver con economía, desarrollo y seguridad.

Como parte central de la conmemoración de los 74 años de su fundación, el Comité pro Santa Cruz (CpSC) lanzó una propuesta para dar cumplimiento a una de las resoluciones emanadas del Cabildo realizado el 13 de noviembre de 2022. “Si un candidato no incluye esta propuesta en su plan de gobierno, no debe pedir el voto de los cruceños”, demandó el presidente de la entidad cívica, Fernando Larach, al presentar dicha propuesta elaborada por un equipo multidisciplinario que recibió y evaluó, de modo virtual y presencial, más de 1.800 proposiciones ciudadanas. También se realizó más de una decena de eventos públicos en la ciudad capital y en provincias, se conformaron mesas técnicas para generar diagnósticos sectoriales, formular propuestas y plantear acciones estratégicas. Para organizar y sistematizar toda la información recibida, se creó una base digital de datos, de consulta permanente y acceso irrestricto.

En suma, aunque con alguna demora en sus etapas de elaboración y lanzamiento, la iniciativa y el esfuerzo del CpSC son encomiables por plantear, como fruto de un trabajo participativo, una propuesta alternativa al vigente modelo de Estado ‘obsoleto y agotado.’ Así es considerado por efecto de una administración estatal centralizada que no permite acompañar el desarrollo de las distintas regiones del país y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Queda por implementar un ‘plan de acción’, incluido en la propuesta, para liberar a Santa Cruz del centralismo y que apunta a abrir los ‘candados legislativos’ que impiden la aplicación del modelo autonómico creado y constitucionalizado hace 15 años, además de profundizar el proceso para aumentar las competencias exclusivas de los gobiernos departamentales y municipales, modificando la cualidad de las competencias concurrentes y compartidas.

Es de esperar que, como lo demandó el Cabildo multitudinario convocado hace casi dos años, los cruceños se identifiquen  con la propuesta y en unidad procuren revertir un insostenible estado de cosas en la región y en el país. Nadie puede quedar indiferente ni de brazos cruzados frente a un ‘modelo agotado’ y la crisis diversa, prolongada y asfixiante que genera para todos los bolivianos.