Una semana con muchos frentes abiertos para el Gobierno es la que comienza en este septiembre. El Gobierno de Luis Arce tendrá que lidiar con las dudas que generan los resultados del censo de población y vivienda, las protestas por la escasez de carburantes y las marchas contra la escasez de dólares. Los dos últimos son problemas de larga data que no pudieron ser resueltos hasta el momento y que van agotando la paciencia de los sectores afectados.

Los resultados del Censo de Población y Vivienda fueron sorpresivos, pero también increíbles para la ciudadanía y, sobre todo, para las autoridades que deben hacer gestión con recursos magros, cuya distribución no condice con la realidad. Que los datos sean inferiores a la proyección del Instituto Nacional de Estadística ya es un motivo de duda, pero se suma que la misma institución registra 2,8 millones de nacimientos en Bolivia durante los últimos 14 años, pero consigna poco más de un millón de habitantes demás. Y así, si se va revisando la mirada de economistas y estadistas hay muchos argumentos que muestran que algo no ha ido bien.

Por otro lado, la falta de carburantes no ha podido resolverse en los últimos meses. Ya se sabe que el Gobierno eroga 4.000 millones de dólares en la subvención de los mismos y crecen las voces que afirman que el dinero con que cuenta el erario nacional ya no alcanza para importar estos líquidos comprando caro para vender barato. Lamentablemente, las soluciones se han planteado tarde y los resultados pueden verse a largo plazo; mientras tanto hay que seguir importando.

A ello se suma que el Gobierno se resiste a levantar la subvención por miedo a la reacción popular, aunque ya tendrá que hacerlo de todas maneras cuando el Tribunal Constitucional notifique al Poder Ejecutivo el rechazo a las preguntas planteadas para la consulta, dejando sin aire al presidente. En suma, en las próximas semanas Luis Arce tendrá que tomar una decisión: o levanta el subsidio, asumiendo el costo político y salvando la economía, o sigue dilatando la medida y dejando que la economía nacional siga deteriorándose.

El otro gran tema es el de la falta de dólares. Si bien la cotización de esta divisa detuvo su escalada de precios, se mantiene elevada en relación al valor oficial. En el mercado negro cada dólar cuesta más de 11 bolivianos, en el oficial el precio es de 6.96 bolivianos. Los importadores (legales e informales) padecen por el asunto, porque dicen que pagan hasta 70% más para conseguir moneda estadounidense y concretar sus pagos a proveedores extranjeros.

Frente a esta situación, el gobierno agilizó la liberación de impuestos para la importación de insumos médicos, de productos y maquinarias para la producción agrícola. Si bien son importantes decisiones, no acaban de resolver el problema. A su vez, el presidente Luis Arce habló de que no se ha descartado la obligatoriedad de que los exportadores, que obtienen dólares en el extranjero, se vean obligados a entregarlos al Banco Central de Bolivia. Aunque aclara que eso no es control de divisas, se parece mucho y puede resultar contraproducente.

Sobre los resultados del Censo, ya se ha convocado a asambleas de la cruceñidad, paceñidad y a otras reuniones regionales para analizar los pasos a seguir.

El presidente debe ir desenredando esta madeja de problemas. En primer lugar, debería dar luz verde a que se haga una auditoría del Censo, a fin de que sean disipadas las dudas y se vuelva a confiar en el INE. Sobre el tema de los carburantes, debería tomar una decisión heroica sobre la subvención, porque es uno de los pasos clave para mejorar el abastecimiento de diesel y gasolina; además, debe ocuparse de que se agilice la importación privada directa, para quitar presión en esta materia.

Y, finalmente, urge que se libere las exportaciones, porque esa es la única manera de que fluyan los dólares a la economía.
Buscar culpables de “politización” no es una salida real. Y ahora la pelota está en la cancha del gobierno.