Cuando pensamos que la justicia boliviana ha tocado fondo, pronto aparecen quienes intentan reformarla, recordándonos que siempre es posible hundirse más en el fango de la ignominia. El nuevo escándalo involucra a algunos legisladores de la Comisión Mixta de Constitución, sorprendidos supuestamente haciendo chanchullo durante un examen oral para favorecer a ciertos postulantes a las elecciones judiciales.

La situación recuerda a los exámenes escolares con estudiantes tramposos, solo que aquí no hablamos de adolescentes chanchulleros sino de ‘padres de la patria’ que ayudaban a quienes aspiran a las más altas magistraturas del Poder Judicial boliviano. Un contubernio total entre administradores de la prueba y posibles futuros magistrados.

Los elementos de esta tragicomedia quedaron expuestos en sendos videos: senadores y diputados de ambas facciones del MAS gesticulaban o realizaban movimientos sospechosos, intentando disimular sus acciones de transmitir las respuestas correctas a los postulantes. ¿De verdad pensaban que podían salirse con la suya en una era donde todo queda registrado?

Como era de esperarse, diversos frentes políticos y el propio Tribunal Supremo de Justicia exigen medidas urgentes para sanear este proceso. Piden que se anule el examen oral y se realice otro, que se descalifique a los postulantes que aprobaron mediante trampa y que se sancione a los legisladores involucrados. Otros proponen una nueva Comisión Mixta de Constitución y una investigación sobre las denuncias de cobros a los postulantes para aprobar los exámenes.

La gravedad de estas denuncias amerita medidas drásticas. Es inconcebible que posibles futuros magistrados ejerzan con semejantes evidencias de falta de capacidad, probidad y ética profesional. Peor aún, cuando el propósito de este ejercicio es tratar de enderezar un sistema judicial que ha descendido al nivel más bajo de toda su historia.

Recordemos que los actuales magistrados fueron prorrogados inconstitucionalmente debido a que la Asamblea Legislativa Plurinacional incumplió los plazos para preseleccionar a los nuevos postulantes. Así, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura siguen en manos de magistrados (supuestamente) elegidos en 2017.

Decimos “supuestamente” elegidos, porque en esas elecciones los grandes ganadores fueron los votos nulos y blancos, que reflejaron el descontento de la población con el sistema de elección de magistrados. La falta de confianza en la transparencia e independencia del proceso fue la razón principal de esta protesta masiva.

Todo indica que esta burla a la ciudadanía se repite en el proceso actual. Los legisladores, ahora fuera de tiempo, demuestran incapacidad para desligarse de sus intereses partidarios y buscar a los mejores jurisconsultos del país. Prefieren rodearse de tinterillos que les devuelvan favores cuando estén en el poder.

Incluso si se toman medidas correctivas por este caso de trampa, la falta de confianza en el proceso sigue vigente. Lamentablemente, es poco probable enderezar el rumbo en una Asamblea Legislativa tan polarizada y caótica como la actual. Ojalá nos sorprendan.