Una investigación de El Pitazo y CONNECTAS

Braian Lozano Salinas tiene más cirugías que años de vida. A sus 20, suma 26 intervenciones quirúrgicas. Cuando era niño le diagnosticaron neurofibromatosis, una enfermedad genética que causa tumores en el cuerpo.

Su último ingreso a quirófano, en el Hospital Oncológico Dr. Miguel Pérez Carreño de Naguanagua, en el estado Carabobo, era de vida o muerte. Debía someterse a dos operaciones, simultáneamente, para eliminar un tumor en el cuello y otro en el ojo. Eso fue en septiembre de 2023.

A punto de ingresar al pabellón, a Braian le postergaron la cirugía. “Pasaron pacientes a la medianoche sin historia médica, sin insumos y fueron operados. A mi hijo que tiene un tumor pisando la yugular y la carótida se le negó el derecho por tercera vez consecutiva”, recuerda su madre, Luisana Salinas.

El artículo 84 de la Constitución de la República, vigente desde 1999, establece que la salud es gratuita. Pero la experiencia de Braian demuestra que este principio no aplica para quienes tienen la necesidad de operarse en los hospitales dependientes del Estado.

La imposibilidad para acceder al quirófano ocurre en cientos de casos. Entre 28 y 49% de las cirugías de vesícula, cáncer de mama, histerectomía o cáncer de próstata en los centros públicos los tiempos de espera pueden ser de tres meses a un año o más. Y es que la disponibilidad de quirófanos es limitada. Un hospital tiene un promedio de cuatro quirófanos operativos, aunque la media aceptable debería ser de 10 a 15 quirófanos por centro de salud, según los resultados de la Encuesta Nacional de Hospitales de Venezuela (ENH), correspondientes a 2023.

Esta investigación realizada por el equipo de El Pitazo y CONNECTAS descubrió cómo la falta de quirófanos operativos, la migración y precariedad salarial del personal sanitario, así como la escasez de insumos y materiales médicos, han dado paso a un esquema de cobros ilegales a pacientes o sus familiares. Estos pagos, prohibidos en la legislación vigente, se dan a cambio de obtener acceso a los servicios quirúrgicos.

A la madre de Braian le tocó esperar un turno quirúrgico al no pagar por una consulta privada que le permitiera adelantar el ingreso de su hijo a quirófano. Carmen, otra paciente entrevistada para esta investigación, relata que le pidieron 300  dólares para ser operada de la vesícula. Un entrenador deportivo con un aneurisma cerebral esperó tres meses para ser atendido mientras reunía el costo del craneotomo que debía alquilar para ser usado en un hospital público.

Estos, como otros casos recopilados por El Pitazo, demuestran que estos actos de corrupción hospitalaria, más que casos aislados, se han convertido en un modelo generalizado en los quirófanos venezolanos.

En 45 hospitales públicos monitoreados por El Pitazo en 20 estados y Distrito Capital hay 346 quirófanos construidos, pero solo funciona el 46,53% de las salas operatorias. En 31 de estos centros, el personal de salud confirmó la existencia de cobros indebidos en los servicios quirúrgicos.

La tercera vez que Braian fue excluido del turno quirúrgico para darle paso a pacientes que presuntamente pagaron consultas privadas con la condición de acceder a una cirugía en el hospital, Luisana usó las redes sociales. Así, denunció la situación ante el Fiscal General de la República, Tarek William Saab. Su vídeo, grabado en el centro de salud, se hizo viral el mismo día de la publicación. El director del hospital, Pedro Salinas, la contactó 48 horas después. “Me dijo: ‘señora Luisana, usted no se imagina el daño que me ha hecho con ese video’. Y yo le dije: ¿y el daño que le hicieron a mi hijo?”.

Braian fue operado el 18 de octubre de 2023. Cuando fue dado de alta, el personal del hospital se rehusó a entregar a Luisana los informes y órdenes médicas relacionadas con la cirugía de su hijo, que había solicitado. La medida fue asumida después de que el Ministerio Público (MP) abrió una averiguación por las irregularidades que expuso Luisana sobre cobros indebidos en los quirófanos del Oncológico de Naguanagua.

Antes de salir del hospital, dos fiscales le pidieron a Luisana grabar un nuevo video agradeciendo a las autoridades por la operación de su hijo. Ella aceptó esta petición, aunque aclaró que su hijo necesitaba dos cirugías y solo le hicieron una. El tumor que compromete su visión en el ojo derecho no fue extraído.

Luisana Salinas, mamá de Baian Lozano, acudió a un hospital público por a imposibilidad de operar a su hijo en el sistema de salud privado | Foto: Ruth Lara Castillo

Corrupción en quirófanos se asocia a bajos salarios

En el 90% de los hospitales monitoreados por la ENH, el personal de salud pide material médico a los pacientes quirúrgicos. Para el último trimestre de 2023, el desabastecimiento de insumos en los quirófanos de esos mismos centros se ubicó en 74%.

Para enero de 2024, el mismo estudio determinó que un paciente necesita al menos 81 dólares para adquirir los materiales básicos de una operación que deberían ser garantizados por el Estado. La cifra equivale a 22,5 salarios mínimos en la economía venezolana.

A la falta de insumos y equipos en los centros de salud, propia del escenario de emergencia humanitaria compleja de Venezuela, reconocida por organismos internacionales desde 2016, se adiciona la baja remuneración del personal de salud. Este factor puede desencadenar la corrupción interna en los hospitales, sostiene Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana (FMV). El personal de salud que depende de instituciones del Estado espera desde 2003 por la renovación de la contratación colectiva que establece mejoras salariales y seguridad social para el sector.  

La paga de los médicos venezolanos dependientes del Estado sigue siendo baja en comparación con otros países de la región. La remuneración de un médico venezolano equivale a la cuarta parte del salario mínimo de un trabajador en Colombia.

“El Estado, en su ausencia, avala lo que está pasando y termina legitimando las redes de corrupción que se conforman”, explica el sociólogo Carlos Meléndez, coordinador del Observatorio de Universidades (OBU), organización que hace seguimiento a las condiciones de vida y estudio de médicos residentes y practicantes en 110 municipios del país.

En abril y mayo de 2022, Nicolás Maduro reconoció en tres oportunidades las fallas de atención en el sistema de salud pública que abarcan la falta de insumos y otras irregularidades. “Estoy decidido a acabar las mafias de los hospitales y que se abra la atención gratuita humana y de calidad para el pueblo (...) Quiero que me denuncien hospital por hospital con nombre y apellido”, declaró el mandatario venezolano durante un acto. En aquel entonces, encargó a las autoridades sanitarias nacionales a “desmembrar” las redes de corrupción en los hospitales. Pese al anuncio, los cobros indebidos continuaron, como lo demuestran los casos de Braian y otros pacientes entrevistados.

Si le interesa conocer más historias de la corrupción en el sistema de salud venezolano, puede ingresar al especial multimedia acá.