“Hay dos alternativas para que esto no vuelva a suceder: modificamos las normas para que no se generan más incendios y se ataque a los pirómanos o el año que viene y el subsiguiente habrá incendios”, así lo expresó el gobernador en ejercicio, Mario Aguilera, al referirse a la pérdida irreversible de los bosques cruceños y su fauna a causa de los incendios forestales.
Aguilera, enfatizó que las primeras acciones deben pasar por una modificación en la legislación del país, eliminando las leyes incendiarias y modificando la Ley de Gestión de Riesgo que burocratiza la intervención de los niveles gubernamentales para atender de forma inmediata la emergencia por los incendios.
“No puede alguien prenderle libremente fuego a una pampa, a un chaco o un bosque y pagar Bs 2 de multa por hectárea… El presupuesto del Gobierno Autónomo departamental de Santa Cruz el 2024 para atender por hectárea los incendios, son 15 centavos al año ¡es imposible!, pero aun así hacemos los esfuerzos por el compromiso con la gente”, fustigó la autoridad.
En esa línea el asesor general de la Gobernación Luis Fernando Roca, indicó que el ente departamental envío un proyecto de ley a la cámara de diputados y senadores, así como el presidente del Estado, para que sea atendida esta propuesta, empezando con la eliminación de las leyes incendiarias, una de ellas: la Ley 741 que permite prender fuego hasta 20 hectáreas por persona sin ningún tipo de control.
También atacó a la ley 602 de Gestión de Riesgo, que no permite a las entidades territoriales autónomas y la población en general como bomberos y ONG`s, ayudar a combatir los desastres naturales e intervenir de manera inmediata para su sofocación, exigiendo su modificación y sea más flexibles.
También planteó la necesidad de crear un fondo nacional para la atención de estas emergencias, pues ante la reducción de recursos en el presupuesto, esta debe ser suplida a través de un fondo de fideicomiso que permita echar mano de esos recursos para atender los incendios antes que sean desbordados.
Por su parte, Carlos Correa, secretario de Justicia, señaló que actualmente la justicia en el país solo establece una pena de 2 a 4 años de cárcel por el delito de incendio, por lo que desde la Gobernación se ha pedido el endurecimiento de las penas de 4 a 8 años de cárcel, de manera que se permita tomar acciones inmediatas contra estas personas que ocasionan este grave daño ambiental.
“Como Gobernación nos hemos adherido a 24 denuncias y procesos penales iniciados en coordinación con la ABT, y le estamos haciendo seguimiento constante, el domingo pasado se logró la detención preventiva. Se tiene que hacer maniobra jurídica para endurecer las penas, poniendo delito contra la salud pública daño calificado para lograr una detención preventiva”, agregó.
En tanto Darío Monasterio, asesor de la Gobernación, hizo énfasis a la difícil situación económica que hoy atraviesa el ente departamental por una reducción de sus ingresos que le dificultan enfrentar esta crisis de una mejor manera.
Señaló que la Gobernación tiene entre las partidas de atención de emergencia cuatro programas los mismos que fueron reducidos a la mitad de su presupuesto debido al mal manejo económico de la anterior gestión y la reducción de los impuestos a los hidrocarburos. Sin embargo, resaltó que se están buscando fuentes alternativas de ingresos para enfrentar la gestión.
Finalmente, el gobernador en ejercicio, en hizo un llamado a la unidad, dejando de lado los intereses políticos, pues esta es la única forma para salir de esta crisis y de las que el pueblo cruceño ha dado muestras históricas de sus condiciones para trabajar por un objetivo común.