El 8 de septiembre quedó grabado en la memoria de los comunarios de Las Petas como un día negro. Tras una semana luchando incansablemente, día y noche, contra el fuego, las llamas se desbordaron y, en cuestión de minutos, dejaron en cenizas tres viviendas, dañaron parcialmente otras tres y arrasaron con los cultivos y medios de vida de la comunidad.

Han pasado casi dos meses de la tragedia y los comunarios de esta localidad, ubicada en San Matías, intentan asistir a las familias damnificadas sin más apoyo que sus propias voluntades, ya que la ayuda de las autoridades aún no llega. Las tres familias que quedaron sin techos han sido refugiadas en casas de familiares y las otras tres que fueron dañadas parcialmente fueron reconstruidas con el esfuerzo de todos, que aportaron con trabajo o materiales.

“Vinieron a hacer un relevamiento de los daños, pero hasta el momento no tenemos nada, seguimos esperando la ayuda”, manifestó el corregidor Andrés Ares, al indicar  que el fuego también dañó los chacos comunales, con cultivos de maíz, yuca y zapallo, que son el sustento para cerca de 300 familias.

El subalcalde de la comunidad, Luzardo Ferreira, indicó que el fuego arrasó con todo a su paso. Afectó plantines, cítricos, plátano, maíz y otros cultivos.

En esta comunidad, que tiene más de 1.300 habitantes, todos se dedican a la agricultura por eso piden que les ayuden para reponer sus sembradíos, principalmente en esta temporada cuando las lluvias están empezando, lo que es favorable para la recuperación.

“Con las lluvias vamos a poder levantar los sembradíos y si nos ayudan con semillas de arroz, maíz y otros, podremos hacerlo más pronto para que las familias podamos recuperarnos”, resaltó Ferreira.

Indicó que ahora están haciendo las gestiones ante los ministerios correspondientes para que puedan ayudarlos en la reposición de los techos a los damnificados.

En la Chiquitania las llamas fueron implacables. En la comunidad de Candelaria, en el municipio de Concepción, no se ardieron casas, porque los comunarios las resguardaron; sin embargo, no pudieron salvar sus cultivos y los planes de manejo que ayuda a subsistir a las 137 familias de esa localidad. 

El presidente de la OTB, Batolomé Suárez, dice que ahora necesitan de apoyo para poder levantar sus cultivos y garantizar el alimento. Allí los comunarios viven de la agricultura, con la siembra de arroz, maíz, frejol, yuca, plátanos y otros, por lo que necesitan reponer sus sembradíos golpeados por la sequía y el fuego.

“Nosotros no hemos recibido nada aún, pero a las comunidades del norte les ha llegado bebederos, tanques y alimentación, pero todos necesitamos empezar a reponer nuestros sembradíos”, manifestó Suárez, al indicar que se quemó parte del sector donde tienen su plan de manejo de madera.

“Todo eso fue pérdida para nosotros, cuánto no quisiéramos apoyo para recuperarnos”, complementó.

En la TCO Monteverde, también en Concepción, se afectaron 138 planes generales de manejo forestal menores a 200 hectáreas y 41 mayores a 200 hectáreas. Incluso las once áreas restauradas tras los incendios de 2019 se perdieron nuevamente.

En total, 650.000 hectáreas de las 949.000 que abarca esta TCO fueron afectadas por los incendios. Se registraron daños en 59 comunidades y unas 2.000 familias sufrieron por los incendios, según el informe del Programa Chiquitania de Apoyo para el Campesinado Indígena del Oriente Boliviano (Apcob).

Estas comunidades también esperan la ayuda de las autoridades, ya que se quedaron sin medios de vida. Ignacia Supepi, cacique de la comunidad Río Blanco, que durante un mes se vistió de bombera para defender los árboles del área del plan de manejo forestal, señala que esperan ser tomados en cuenta en los planes post-incendios porque las llamas afectaron los planes de restauración y regeneración natural, donde ardieron 45 especies de árboles de cuchi, ambaibo y otros.

En Makanaté quedaron en cenizas unas cinco hectáreas de café y unas 300 hectáreas de árboles de tarara amarillo, serebó, abuná y curupaú, en el espacio destinado al plan de manejo forestal; mientras que en la comunidad Palestina se quemaron 39 hectáreas de cusi. En Santa Mónica y Río Blanco se quemaron 40 hectáreas de copiabo.

La Gobernación señala que son más 8,7 millones de hectáreas afectadas por los incendios forestales en Santa Cruz.

Agobiados por avasallamientos

Los daños de los incendios y los avasallamientos llevaron a las comunidades indígenas de las TCO de Alto y Bajo Paraguá a realizar una caminata de diez días hasta San Ignacio de Velasco para demandar la atención de las autoridades.

Lordy Suárez Choré, cacique de la comunidad San Simón del Alto Paraguá, señala que la marcha que realizaron hacia San Ignacio de Velasco permitió un acuerdo con la Gobernación y el Gobierno Municipal que atendieron sus demandas, a excepción de la legalización de su organización con la personería jurídica. 

En el tema post-incendios considera que se tienen que hacer los estudios de los daños para elaborar un plan de reconstrucción.

Asegura que en su zona se afectó la vegetación, los recursos hídricos y la economía. “Nosotros dependemos de la naturaleza”, manifiesta.

Con su movilización, consiguieron que la Gobernación se comprometa a hacer el mantenimiento de sus caminos y la refacción de puentes, trabajo que estuvo retrasado por la falta de diésel. También consiguieron que se haga la perforación de pozos desde principio del próximo año.

Está pendiente el acercamiento con el Gobierno, pero entienden que esto tendrá que esperar por la coyuntura que hay en el país. Sin embargo, mantienen entre sus demandas la anulación del paquete de leyes incendiarias para que no se siga quemando con permisos.

Las comunidades indígenas chiquitanas de San José de Chiquitos también estuvieron movilizadas, tras diez años de inacción por los avasallamientos. La gota que rebalsó el vaso fue el intento de toma de los acuíferos que alimentan las fuentes de agua de San José de Chiquitos y sus comunidades.

“Hemos vivido momentos críticos con 25 días de intensa humareda. Además, venimos siendo afectados por los avasallamientos, en su mayoría al lado de las comunidades”, dijo Carlos Alba, cacique de la comunidad Piococa.

Contó que el abuso de los avasalladores llegó al extremo de entrar con maquinaria a la zona donde están las reservas hídricas, a unos 20 kilómetros al sur de San José de Chiquitos. “Ya habían marcado, e incluso había máquina trabajando, haciendo una senda. Allí están las aguas subterráneas que alimentan las venas de agua que capta San José de Chiquitos. Por eso fue el levantamiento de nuestras comunidades”, dijo.  

Los comunarios esperan respuesta de la ABT y del INRA y declararon un cuarto intermedio a sus medidas hasta que pase el Día de Difuntos.

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