“De nada vale el esfuerzo sacrificado y heroico de los bomberos voluntarios, frente a un problema que es estructural. De nada vale que sigan pidiendo ampliación o perforación de pozos de agua, porque el que genera esa agua, el bosque, ha desaparecido. Ese es el tema de fondo que no se quiere enfrentar. Se ve al bosque como un estorbo y no como aliado”, dijo Miguel Crespo, de Probioma, sobre la crisis ambiental que atraviesa Bolivia.
“No puede ser que el bosque sustituya problemas estructurales, como la falta de empleo”, aseveró Alcides Vadillo, director de la Regional Oriente de Fundación Tierra.
La devastación de los incendios forestales se agrava por la sequía, y esta a su vez por los desmontes.
Un informe de Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), Cooperación Sueca y Unión Europea sobre los cambios en la cobertura vegetal, entre 1956 y 2022, confirma que el tema merece atención.
De acuerdo al documento, Bolivia pasó de tener más de 63 millones de hectáreas de bosque, a 55 millones. Del área total deforestada en el país en esos 66 años, el 59% ocurrió en los últimos 22 años, de 2001 a 2022

Datos departamentales
El informe deja entrever que Santa Cruz es el departamento con mayor preocupación por la pérdida acelerada, a pesar de su importancia ambiental, ya que es donde se encuentra casi la mitad de los bosques del país, el 46%.
De la pérdida total de cobertura vegetal nacional, Santa Cruz acapara el 79% del daño, con los impactos climáticos que golpean principalmente al sector agropecuario, con pérdidas millonarias por la recurrencia de sequías e inundaciones.
A escala departamental, el 20% de los bosques cruceños ha desaparecido en el periodo analizado.
El segundo departamento que se enlista es Beni, el 6% de la deforestación del país ocurre en este departamento.
La deforestación entre Cochabamba, La Paz, Pando, Tarija y Chuquisaca representa, en conjunto, un 15% del total del país. Y si bien Cochabamba y Tarija, a escala nacional no reflejan una alta extensión deforestada, ambos departamentos ya eliminaron el 11% y 8% de su bosque original.

Ritmo deforestador
Antes del año 2000, la deforestación en Bolivia estuvo por debajo de 188 mil ha/año. Posteriormente, en promedio, osciló hasta las 191 mil ha/año hasta 2010. El quinquenio 2016-2020 marcó la aceleración de la deforestación en el país, superando las 260 mil ha/año; y en el corto periodo 2021-2022, el aumento de la deforestación experimentó récord histórico, un 105% más respecto al promedio (192.892 ha/año) del vicenio 2001-2020 (20 años), fluctuando por las 396 mil ha/año.
El informe establece que el comportamiento de la deforestación sucedida en Santa Cruz es determinante para todo el país, y alerta que en 1992 el desmonte alcanzó las 132 mil ha, frente a los años anteriores, cuando se mantenía por debajo de las 104 mil ha/año.
Las gráficas estadísticas remarcan que se registraron picos de desmonte en 1996, 2008, 2011, 2015, y 2021-2022. Aunque el documento no lo dice, estos hitos coinciden con la implementación de las leyes 1715 INRA y 1700 Forestal, la llegada al Gobierno de Evo Morales, la Cumbre Sembrando por Bolivia, y la retoma del poder con Luis Arce Catacora.

Escala municipal
El documento confirma que más del 50% de la deforestación del país se concentra en tan solo diez municipios, localizados en Santa Cruz. De estos, Pailón es el municipio con el mayor daño, que representa una pérdida del 70% de su cobertura forestal.
San Julián y Cuatro Cañadas han eliminado el 88% y 90% de los bosques entre sus límites. En San Ignacio de Velasco, la deforestación anual oscilaba entre 2.017 y 9.605 hectáreas en el periodo de 1997 y 2006; posteriormente se fue acelerando, y entre 2017 y 2022 se produjo un aumento considerable, entre un 225% y el 546% más de lo acontecido históricamente.
Otros grandes afectados son Charagua, San José de Chiquitos y Concepción.

Áreas protegidas
La investigación también concluyó que la dinámica anual de la deforestación en áreas protegidas se aceleró en 2008, 2016, 2017, e incrementó sustancialmente en 2021 y 2022.
En las áreas protegidas de gestión nacional, la deforestación anual más alta fue de 11.014 hectáreas en 2022, es decir, casi el doble de lo sucedido en 2017 (6.509 ha). De manera similar, en las áreas protegidas de gestión subnacional, la deforestación se aceleró desde 2016 (12.925 ha), y duplicó a 24.371 hectáreas en 2022.
De las 23 áreas protegidas de gestión nacional, en 18 se identificó deforestación hasta 2022 (185.638 ha en total). El Parque Nacional Amboró es el área protegida con mayor deforestación, sobre todo en 2022, mientras que en el Isiboro Sécure (Tipnis), el mayor daño fue en 2017. En Carrasco, la deforestación más alta sucedió en 2022. En San Matías e Iñao, los desmontes más altos fueron en 2022. En Madidi, 2020 fue el peor año.
En 2017, el entonces vicepresidente Álvaro García Linera dijo que las áreas protegidas eran “invento de los gringos”, y que en algún momento entrarían a esas reservas para hacer exploración hidrocarburífera. Ese mismo año solicitó la derogación de la ley de creación de las áreas protegidas departamentales de Santa Cruz, fallo que recién salió en 2023, y que ha sido retomado por el actual vicepresidente, David Choquehuanca.
En cuanto a las áreas protegidas subnacionales, Bolivia hasta el año 2022 cuenta con 159 reservas. El informe detectó deforestación en 102 áreas, que representan un 64%. Los últimos doce años (2011-2022) concentran el 50% de la deforestación ocurrida dentro de estas áreas, con una notable aceleración en 2016-2020, y con tendencia al incremento en 2021-2022, que ya representan el 67% de la cifra del periodo anterior.
Entre las quince áreas protegidas subnacionales con más deforestación se encuentran Laguna Concepción, Río Grande y Valles Cruceños, Güendá Urubó, Yacuma, Rhukanrhuka, Ñembi Guasu, Serranía San Lorenzo, Copaibo, Bosque El Porvenir, Santa Cruz La Vieja, Serranía Sararenda, Humedales del Norte, Serranía los Milagros, Iténez, y Bosque Amazónico Puerto Rico.
La depredación también ha llegado a los sitios Ramsar, sobre todo al Pantanal; y en territorios indígenas, los más afectados son Isoso, Guarayos, Consejo Tsimane, Monte Verde, Charagua Norte y Multiétnico 2.

Microcaracterización
Jorge Ávila, gerente de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), dijo que las reservas forestales, ex concesiones, también han sufrido una dramática reducción, pasando de 6 a poco más de 2 millones de hectáreas en todo el país, desde la promulgación de la Ley Forestal 1700, en 1996.
Y si bien cree que varios factores incidieron, entre estos los incendios y avasallamientos, se enfocó en la microcaracterización.
“La posesión ya entra en el mercado informal de la tierra. Y aquí viene el tema de la microcaracterización. Cuando se aprobó la Ley del Plan de Uso del Suelo (PLUS), los sectores agropecuario y campesino encontraron un punto de coincidencia. Ellos se sienten afectados encuentran como una amenaza para su crecimiento que más del 33 o 37% del territorio cruceño sea considerado como tierra de producción forestal”, explicó Ávila.
A esto, agregó que se incluyó una categoría, BG, que quiere decir bosques y ganadería. “Ahí los ganaderos le ganan un poquito a las tierras forestales, y bajo el argumento de que la escala del PLUS es muy alta, cuestionaron que las tierras que se estaban declarando como bosques, como tierras forestales, podían no serlo. Y ahí es cuando crean el término de microcaracterización”, explicó.
Aquellos predios, agregó el gerente de la CFB, en los que se considere que el PLUS no es coincidente con su capacidad de uso mayor del suelo, pueden realizarse estudios de microcaracterización para cambiar el estatus de esa porción de territorio, “y convertirla a uso ganadero o agrícola. Entonces, las tierras quemadas, deforestadas, desde luego que si uno hace un estudio de microcaracterización, no se va a pillar bosque. En el 90% de los casos se está usando así el concepto de microcaracterización”, aludió a los incendios y desmontes.
Para Miguel Crespo, todo esto significa pegarse un tiro en el pie, porque conlleva desastre socioambiental. “O se cambia el modelo de producción, se derogan esas leyes incendiarias, o Bolivia se va al abismo y no le espera más que un panorama apocalíptico, como el que ya vivimos”, advirtió.
EL DEBER pidió una versión de la ABT, pero dijeron que responderían hoy porque estaban atendiendo incendios.