La Paz todavía respira a medias. Las lluvias ocasionaron estragos en diferentes zonas de la sede de Gobierno y las autoridades buscan soluciones a largo plazo. Existen tres tareas por realizar para evitar futuras desgracias: solución a conflictos por límites, invasión de loteadores y avasalladores y estrategias de prevención ante efectos climáticos.

Luis Gonzales todavía recoge el material que dejó la riada del pasado fin de semana en la zona de Achumani. El polvo en esas calles, cerca del asilo San Ramón, devela que la naturaleza se ensañó con ese lugar. Más arriba, en la zona de Huayllani, también el río destruyó buena parte de las calles y algunas casas.

En la zona de Aruntaya, en el sur de La Paz, los loteadores tumbaron un cerro para instalar sus precarias viviendas. Ahí viven y están ocupando terrenos que no son de ellos. Y ahí también se formó una especie de represa por la destrucción del cerro. Hace una semana, esa represa rebalsó y ocasionó la crecida de diferentes ríos que inundaron varios barrios del sur paceño.

“Luego vienen desafíos mayores, ¿qué hacemos con estos areneros?, ¿qué hacemos con estos señores loteadores? Por ejemplo, Aruntaya es el mejor ejemplo. Han hecho caer un cerro completo y lo han tapado el río. Y creyendo que no va a pasar nada, se ha acumulado el agua. Tanta agua ha caído que aquella represa reventó”, cuestionó el alcalde de La Paz, Iván Arias.

El burgomaestre resaltó que para resolver este problema urge unir voluntades con el fin de evitar este tipo de prácticas dañinas que arrastran material cuando llueve. “Entonces, lo que vamos a hacer en una posterior comisión es trabajar aquel tema. Pero hoy, en estos 60 días, permítannos unir voluntades, ver los resultados y que tengan certeza en estas tres instancias que estamos coordinando”, dijo Arias.

Al respecto, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, dijo que se debe trabajar en comisiones para evitar que los desechos sean botados en los ríos. La autoridad aseguró que urge tomar decisiones para ver qué hacer con esos escombros y con loteadores y evitar en el futuro que en época de lluvias se produzcan los rebalses que se han visto en La Paz.

“En una próxima reunión vamos trabajar para ver la parte legal, ver las competencias y, asimismo, para ver dónde se van a disponer estos desechos de construcción y basura que se bota en los ríos, en las cuencas, generadoras de desbordes de ríos. Hay que prohibir completamente que las cuencas de los ríos se conviertan en botaderos de escombros”, dijo el ministro.

Los vecinos en las zonas afectadas piden más medidas de prevención para evitar futuras desgracias. El presidente de la junta de vecinos de la zona Irpavi II, Erick Guzmán, aseguró que el problema viene de años atrás y que es necesario realizar trabajos de canalización del río Aruntaya.

“Estamos nuevamente afectados por el desborde del río Aruntaya, todos los vecinos estamos en emergencia, no podemos dormir, estamos atentos a nuevos cambios, no podemos bajar la guardia”, afirmó Guzmán.

Desde el Concejo

En el Concejo Municipal de La Paz -en la bancada de Arias- apuntan a una “nueva modalidad” de loteadores. El concejal Jorge Dulón tildó de “empresarios truchos” a quienes ofertan terrenos en bordes de ríos y en predios con relleno de tierra producto del derribo de cerros.

“Metamos presos a esos empresarios truchos (constructores) que tanto daño le están haciendo a la ciudad de La Paz. Cuando La Paz no da permiso para una construcción, (el interesado) se va a (los municipios de) Palca o Achocalla para conseguir la autorización. Los mismos ciudadanos y constructores sacan el permiso en Palca. Eso no es justo. Construyen en zonas de alto riesgo y luego vemos las consecuencias. Estos son los nuevos avasalladores”, criticó Dulón.

En este punto ingresa el conflicto por límites que tiene La Paz con municipios colindantes como Palca, Mecapaca, Achocalla y El Alto. En todos los casos existen problemas por los límites y zonas donde existen desastres y no hay una jurisdicción que atienda.

No tenemos un porcentaje exacto; sin embargo, se estima que existen alrededor de 50.000 construcciones que figuran administrativamente en otros municipios y que están en la jurisdicción de La Paz”, señaló el concejal Pierre Chaín, del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) La Paz, Justino Apaza, manifestó que si bien no hay datos exactos al respecto, es un tema muy recurrente. El dirigente advirtió que es un problema ligado a los loteamientos y a los conflictos de límites, que el municipio de La Paz tiene con las urbes aledañas.

“Hasta donde sabemos, las alcaldías vecinas dan mayores facilidades y por eso varias personas piden ahí sus autorizaciones. Lamentablemente, entre éstas, también están los loteadores que proceden a avasallar y levantar construcciones ilegales. No podemos decir cuántos casos son exactamente, generalmente los detectamos cuando ya están en obras y se pide una inspección municipal”, manifestó Ballivián.

Mientras, el diputado Alejandro Reyes, de Comunidad Ciudadana (CC), cuestionó que la Alcaldía de La Paz no haya previsto un plan de prevención para evitar los desastres. “Todos los ríos desembocan en la misma responsabilidad. ¿Quién es el encargado de velar por qué no se remueva tierra? ¿Quiénes deben tener un plan de prevención? La Alcaldía de La Paz y lamentablemente no lo tiene”, criticó el legislador.

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