Por L. Fernando Flores Zambrana

Miedo y preocupación. Así está el ambiente en Estados Unidos, en todas las comunidades de migrantes hispanohablantes.

Los diálogos cotidianos son básicamente sobre qué hacer cuando el plan de deportación masiva anunciada por el presidente electo Donald Trump, entre en vigor inmediatamente después de su posesión programada para el 20 de enero del 2025.

Todos saben que una deportación masiva traerá consecuencias severas para los sectores productivos de este país, que dependen de la mano de obra de los indocumentados, pero que el nuevo ocupante de la Casa Blanca parece minimizar.

En la comunidad boliviana como en otras, hay nerviosismo. El contratista constructor Roberto T., afirmó que, tras 12 años de haber conformado su propia empresa personal, no sabe qué hacer y la posibilidad de un retorno a la patria no es una opción por la grave crisis económica que enfrenta.

Consultado sobre los trabajadores que normalmente tiene para encarar proyectos de construcción, afirmó que todos son indocumentados. “Normalmente tengo entre tres y cinco trabajadores, aunque son indocumentados, pagan impuestos, es algo que les exijo para pagarles su cheque de fin de semana, es mi manera de protegerlos y protegerme, bueno; creí que de esa manera nos protegíamos y veo que no sirvió de nada”, sentenció.

“Son millones los indocumentados, pero ningún documentado de este país quiere hacer los trabajos de fuerza que nosotros hacemos, ya sea en construcción, cosecha de alimentos y hotelería”, dijo el “chalán” (ayudante) de R.T., un mexicano experto en colocación de paneles dry wall para viviendas.

Otro de los “chalanes”, Raúl A., reveló que vive nueve años en el Estado de Maryland y dejó Bolivia abrumado por deudas bancarias adquiridas para construir una vivienda.

“Soy profesor y me vine por necesidad, dejé a mi familia en Bolivia. Lo dejamos todo para superarnos, para darles mejor calidad de vida y ahora estamos frente a un dilema de volver o arriesgarnos a una deportación. Yo, la verdad tengo miedo, pero qué puedo hacer, si me toca retornar ni modo”, aseveró.

Su actividad es la pintura y afirma que está sin deudas en Bolivia y la intención de traer a su familia fracasó en reiteradas oportunidades por la negación de visa.

Su compañero de trabajo, José M., también boliviano y pintor, afirma que tiene dos hijos nacidos en Estados Unidos y su preocupación está en la posibilidad de que una deportación los separe.

“Son pequeños, necesitan de mí, están en la escuela. Está jodida la cosa, hemos hablado con mi mujer y vamos a salir de este país cuando realmente veamos que ya no es posible salir al trabajo, qué puedo hacer, no puedo hacer otra cosa”, señaló.

Incertidumbre

En los Seven Eleven, unas tiendas donde se ofrece una variedad de productos personales, alimentos y gasolina, los hispanohablantes se reúnen a la espera de que algún contratista los lleve a sus obras. Ahí se reúnen pintores, carpinteros, plomeros, “drayboleros”, entre otros.

A la pregunta de qué piensan que pasará cuando Trump asuma la presidencia, las respuestas salen a modo de chiste, otras de resignación y más de incertidumbre.

 “Miami ya sabe lo que pasa cuando se meten con los migrantes”, afirma Manuel H., un guatemalteco con 18 años de residencia en Fairfax, en el Estado de Virginia.

Su respuesta tiene que ver con la Ley anti migrante que impulsó el año pasado el gobernador de Miami Ron Desantis, que ocasionó la paralización de comercios y producción agrícola en ese Estado.

¿Eso quieren?, agregó y en actitud de resignación manifestó “que me deporten, si me agarran que me deporten, qué puedo hacer, tengo que salir a trabajar, de qué voy a vivir”.

Todos quieren opinar, la mayoría tiene posición desafiante: “si me agarran que me deporten”.

La Ley anti migrante de Desantis prohibía transportar indocumentados, obstaculizó la otorgación de licencias de conducir, instauró la obligatoriedad de verificar situación migratoria para contratos laborales y rechazo a cualquier posibilidad de atención médica, entre las más notorias.

Son necesarios

Los expertos economistas ya han alertado de la posibilidad de una contracción económica en caso de aplicar el plan Trump de deportaciones masivas.

Por ejemplo, el diario Tiempo Latino, señala que la construcción y la agricultura, dos sectores dependientes de la mano de obra indocumentada, enfrentarían una acelerada escases de trabajadores, considerando que el 39% de los yeseros y estucadores, el 36% de los instaladores de paneles de yeso y techadores, y el 28% de los clasificadores de productos agrícolas son trabajadores indocumentados.

Sin ellos, dice el influyente medio impreso hispano, “la producción podría reducirse drásticamente, afectando la oferta de bienes y servicios esenciales”.

Algunos datos

Pérdida del PIB. Se estima que las deportaciones masivas podrían reducir el PIB anual de Estados Unidos, entre un 4.2% y un 6.8%, lo que equivale a una pérdida económica de entre $1.1 y $1.7 billones. Esta contracción superaría la caída del 4.3% registrada durante la Gran Recesión de 2007-2009.

Industrias en crisis

Sector agrícola. Los trabajadores indocumentados constituyen aproximadamente el 25% de la fuerza laboral agrícola, con un 28% en roles especializados como clasificación y manejo de productos. Su ausencia podría provocar una crisis en la producción de alimentos, aumentando los precios al consumidor.

Construcción. En este sector, más del 30% de los trabajadores en roles especializados como pintura, techado e instalación de paneles son indocumentados. Los proyectos de infraestructura clave, incluidos los impulsados por inversión pública, podrían enfrentar demoras severas.

Hostelería y servicios. Las industrias de hospitalidad y cuidado personal, que incluyen hoteles, restaurantes y servicios de atención sanitaria, emplean a millones de inmigrantes indocumentados. Una escasez de trabajadores podría llevar a una menor calidad del servicio y aumentos en los costos operativos.

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