Chile se mantiene alerta e impulsa la constante modernización de sus sistemas de vigilancia en la frontera con Bolivia para tratar de frenar el contrabando y adaptarse a los nuevos retos que supone la creciente acción de las bandas dedicadas al crimen organizado, subrayó hoy el subsecretario del Interior, Luis Cordero.
Cordero, titular de la cartera de Justicia hasta que hace dos semanas su predecesor, Manuel Monsalve, renunció a causa de una denuncia por presunta agresión sexual, viajó este lunes a la ciudad fronteriza de Colchane, núcleo en los pasados años de una crisis migratoria, para observar cómo es “la custodia de la frontera” y analizar los “avances logrados con las inversiones públicas”.
“Una visión no sólo estratégica de planificación, sino de adaptación permanente, porque así es como el Estado genera condiciones de control, y así también las organizaciones criminales que transitan en torno a la frontera en distinto ilícitos (...) se adaptan a las nuevas realidades de control”, explicó en rueda de prensa.
En este sentido, el funcionario insistió en que el objetivo de su visita era “identificar algunos temas de gestión o de recursos que son indispensables de apurar con cierta rapidez en el contexto del conjunto de proyectos que se han estado desarrollando” en torno a la migración fronteriza.
“Las organizaciones que cometen ilícitos en torno a la frontera también han ido expandiendo sus alternativas de actuación. Y eso lo que hace es que el Estado siga ocupando la tecnología que ha estado invirtiendo en términos inteligentes y, sobre todo, en términos adaptativos”, añadió.
Cordero destacó, asimismo, su prioridad por la “seguridad de los chilenos y chilenas”, y la importancia de “fortalecer el conjunto de iniciativas de acciones, no sólo legislativas del Congreso, sino de gestión” en distintos puntos del país.
Chile implantó hace apenas dos meses un nuevo sistema de control migratorio con registro biométrico, a partir de las características físicas y fisiológicas que permiten identificar a las personas.
Según aseguró entonces Manuel Monsalve, esta “herramienta de seguridad” supone “la inversión más grande en materia de equipamiento y tecnología de la frontera norte en los últimos años”, con alrededor 21.000 millones de pesos chilenos (alrededor de 20 millones de euros).
La migración irregular no es un fenómeno nuevo en Chile, pero en los últimos años se ha disparado exponencialmente debido a la crisis que sufren distintos países de la región. Cerca de 44.000 personas ingresaron de forma irregular al país en 2023, según la Policía de Investigaciones (PDI).
En Chile hay cerca de 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7 % de la población, siendo los venezolanos los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos, según cifras del Gobierno.