La justicia argentina rechazó ayer la apelación de la expresidenta Cristina Fernández y confirmó su procesamiento por asociación ilícita y fraude por presuntamente otorgar a un empresario obras valoradas en 2.200 millones de dólares.

La justicia también corroboró un embargo por  565 millones de dólares sobre los bienes de la exmandataria, que obtuvo inmunidad parlamentaria al ser electa senadora en las legislativas del pasado 22 de octubre.

La causa investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales al Grupo Austral, presidido por el empresario Lázaro Báez, en la provincia de Santa Cruz (Patagonia) durante el mandato de Kirchner (2007-2015).  

La justicia examina una estructura orientada a la sustracción de fondos públicos a través de la asignación de la mayor parte de las obras viales de la provincia de Santa Cruz a favor de Báez por más de 2.600 millones de dólares.  Báez y el exministro de Planificación Julio de Vido están procesados. /AFP