El Gobierno peruano está evaluando la posibilidad de que las Fuerzas Armadas tomen el control del orden interno tras el asesinato en la víspera de un profesor en un colegio, tiroteado frente a sus alumnos, informó este martes el primer ministro Gustavo Adrianzén.

"Si llega a ser necesario, tenemos que evaluar la posibilidad de (...) que sean las Fuerzas Armadas quienes tomen el control del orden interno y apoye la Policía Nacional. Es un hecho que no descartamos y estamos evaluando", dijo Adrianzén a periodistas.

Igualmente, detalló que están considerando la posibilidad de ampliar el estado de emergencia declarado en trece de los 43 distritos de Lima, y uno de su vecina provincia de Callao, para combatir la inseguridad.

Actualmente, la responsabilidad de control del orden público es de la Policía Nacional, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, en las zonas en las que rige el estado de emergencia.

El jefe de gabinete consideró que los resultados desde la declaración del estado de emergencia el pasado 26 de septiembre "son buenos", aunque reconoció que "no son los mejores".

Durante este tiempo, según dijo, las autoridades están "desarticulando bandas" y "evitando que muchos extorsionadores sigan con este trabajo".

Adrianzén sostuvo que "los esfuerzos se están haciendo", si bien afirmó que están evaluando incrementar la presencia de los militares en las calles.

El profesor Julio César Pacheco fue asesinado este pasado lunes en un colegio del distrito de Ate, uno de los trece distritos de la capital declarados en emergencia por la inseguridad, un crimen que ha desatado una ola de críticas por la ineficacia de la medida.

Según puede verse en imágenes de cámaras de seguridad a las que tuvieron acceso diversos medios locales, el presunto sicario llegó con una caja, simulando ser un repartidor, hasta el colegio.

Además, según informó en esta jornada el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, el educador era seguido por el presunto sicario desde un día antes, quien lo llegó a buscar a su domicilio, y tenía varios litigios por propiedades con sus familiares.

El pasado 26 de septiembre, el Gobierno peruano decretó el estado de emergencia en 13 de los 43 distritos de Lima y uno de su vecina provincia de Callao, una conurbación en la que viven un tercio de los peruanos.

La medida fue decretada tras una protesta de los transportistas de Perú por la ola de extorsión que sufren, una queja a la que se sumaron muchos otros gremios.

Las denuncias por casos de extorsión en Perú se incrementaron de 4.000, en 2021, a casi 20.000 en 2023, según datos oficiales.

El diario El Comercio, citando datos del Ministerio de Salud, informó que, en lo que va de año, se han registrado 1.493 muertes violentas, lo que supone una cifra mayor a la de todo el 2023, cuando se contabilizaron 1.431 casos.