El obispo católico nicaragüense Rolando Álvarez, un férreo crítico del gobierno de Daniel Ortega, denunció que la policía impidió el acceso a la misa que celebró este domingo en la parroquia donde está en ayuno desde el viernes.
"La misa se ha encontrado vacía, sin presencia de fieles porque la policía no permite la entrada y tiene totalmente acordonado el templo. Dos sacerdotes que iban a concelebrar la palabra fueron rechazados con malacrianza y grosería", dijo durante la eucaristía, transmitida por redes sociales.
"Con ese tipo de actitudes no se abona para nada al diálogo, a la armonía, a la fraternidad, antes bien se tensionan las cosas", afirmó en su homilía.
El religioso se resguardó el jueves por la noche en la parroquia Santo Cristo, sureste de Managua, e inició un ayuno tras denunciar que fue "perseguido" durante todo el día por la policía.
El sacerdote Harving Padilla también aseguró que la policía impidió que los feligreses acudieran al servicio religioso en la iglesia San Juan Bautista, en Masaya (sureste), donde se refugió la semana pasada por asedio de las autoridades.
"Estamos viviendo momentos difíciles como nación y nuestro deber como iglesia es anunciar la verdad del evangelio", afirmó este domingo la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) expresando solidaridad con Álvarez.
Según dijo, el obispo "siente zozobra por su seguridad personal y la posibilidad de ejercer su derecho de vivir y celebrar su fe y cumplir su misión pastoral en un ambiente de paz".
Obispo de la diócesis de Matagalpa (norte) y administrador apostólico de Estelí (norte), Álvarez es además el encargado del área de comunicación de la CEN.
Ortega ha acusado reiterada y públicamente a los obispos de "golpistas" por dar refugio en sus templos a manifestantes que huían o que fueron heridos durante las protestas antigubernamentales de 2018.
La iglesia católica fue mediadora, a pedido de Ortega, en un diálogo que buscaba poner fin a la crisis. Los jerarcas propusieron adelantar las elecciones, a lo que el mandatario se opuso.
Las relaciones entre el clero y el gobierno son tensas desde entonces. En marzo, el representante del Vaticano, el polaco Waldemar Sommertag, fue expulsado del país, una decisión que la Santa Sede consideró "incomprensible".