Policías y ciudadanos se enfrentaron violentamente este martes en la norteña provincia argentina de Jujuy durante una manifestación en contra de una reforma de la Constitución local que penaliza algunas formas de protesta.
Los choques dejaron entre 50 y 70 personas lesionadas, en su mayoría por pedradas y por heridas de balas de goma, indicó el director del servicio de atención de emergencias local, Pablo Jure.
"Una sola persona tiene una situación de mayor gravedad, con traumatismo de cráneo", dijo.
En la jornada, más de 20 personas fueron detenidas, según señaló a la AFP una fuente del ministerio de Seguridad provincial. Además, hay una veintena de cortes en las carreteras.
Una masiva movilización de organizaciones indígenas y sociales frente al parlamento provincial derivó en disturbios cuando activistas lanzaron piedras contra la guardia de infantería policial que reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos.
La reforma prohíbe expresamente los "cortes de calles y de rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la provincia", lo que los manifestantes denuncian como una limitación al derecho a la protesta.
El texto también contemplaba modificaciones con respecto al derecho a las tierras de los pueblos indígenas, pero fueron suspendidas en el último momento.
En un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a Argentina que respete "estándares de uso de la fuerza".
Este órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) llamó al Estado "a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural".
La comisión recuerda al Estado que "el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado, es un principio fundamental" para garantizar la participación de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan a sus derechos.
Los cortes de carreteras "son modalidades legítimas y protegidas por el derecho a la protesta", insiste la CIDH.
- Acusaciones mutuas -
La provincia está gobernada por Gerardo Morales, precandidato a presidente para las elecciones del 22 de octubre, al frente de un sector del liberal Juntos por el Cambio, opositor al gobierno de Alberto Fernández (peronista de centro-izquierda).
Morales y Fernández se acusaron mutuamente de los desórdenes.
"Hago responsable al presidente @alferdez (Alberto Fernández) y a la vicepresidenta @CFKArgentina (Cristina Kirchner) de la extrema violencia que se está viviendo en la provincia de Jujuy", escribió Morales en Twitter.
"Usted es el único responsable de haber llevado a nuestra querida provincia de Jujuy a esta situación límite tratando de imponer una reforma constitucional que no respeta la Constitución Nacional", replicó Fernández al exigir el "cese inmediato de la represión".
Millares de representantes de las casi 300 comunidades indígenas con base en la precordillera de los Andes se unieron a gremios de docentes y trabajadores estatales desde hace dos semanas para protestar con cortes de rutas y marchas por la capital provincial de San Salvador.
Morales calificó la reforma de "progresista" en una rueda de prensa este lunes, pero los líderes de las manifestaciones la rechazaron al señalar que "limita el derecho de protesta y de huelga y cuestiona la propiedad de las comunidades indígenas", según documentos distribuidos a la prensa.
"Están eliminando nuestros derechos sobre tierras ancestrales", dijo en rueda de prensa Verónica Chávez, presidenta de la Comunidad Tres Pozos del Pueblo Kolla, en una provincia de 800.000 habitantes, con una economía basada en la producción de azúcar y papel, exportaciones de litio y turismo en la alta montaña.
Morales dijo el lunes que las comunidades "tienen dudas, es legítimo". Al anunciar que daría marcha atrás con algunos artículos sobre la propiedad de la tierra dijo: "Los entiendo y por eso paramos la pelota y volvemos para atrás".
El gobernador confirmó este martes la jura de la nueva Constitución, pero no se aclaró cuáles eran los textos modificados.