El servicio de luz en Caracas comenzó a normalizarse este viernes tras 12 horas de un apagón general en toda Venezuela, que el gobierno atribuyó a un "sabotaje" de la oposición en medio sus denuncias de fraude electoral.
"Vamos normalizando, regularizando, paso a paso con garantías, con seguridad", dijo el presidente Nicolás Maduro en cadena de radio y televisión, sin precisar cifras de recuperación del sistema.
El apagón se reportó a las 4H40 locales (8H40 GMT) y afectó de manera "total o parcial" los 24 estados de este país donde las fallas eléctricas son frecuentes. Periodistas de la AFP constataron una recuperación intermitente del servicio en varios barrios de la capital, Caracas. Usuarios en redes sociales también informaron de cierta normalización, que se extiende a otros estados.
"Ha sido un ataque a Guri", señaló el mandatario en relación a la hidroeléctrica Simón Bolívar, la principal generadora de electricidad del país, ubicada en ese pueblo del sur de Venezuela. "El ataque que hicieron, la falla que programaron y la magnitud de lo que generaron" tenía "un objetivo: liquidar Guri, es un ataque alevoso".
Los apagones son frecuentes en Venezuela desde hace una década, sobre todo en provincia.
El gobierno los atribuye siempre a intentos de desestabilización de opositores, pero los expertos desestiman ese argumento y los vinculan a falta de inversión, impericia y corrupción.
"Es un ataque lleno de venganza, un ataque lleno de odio que proviene de los sectores fascistas", siguió Maduro usando el término con el que normalmente se refiere a la oposición. Y vinculó "en esa sala de guerra" a Estados Unidos, otro enemigo fijo.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, informó más temprano que comenzaba "a energizarse la red". "Es un proceso que va ocurriendo poco a poco", dijo en el canal estatal VTV.
"Uno está mentalmente acostumbrado a estas cosas", dijo a la AFP Leticia Quiroga, una funcionaria pública de 30 años en Caracas. "Pensé que era un apagón más de los que hay aquí todos los días", expresó entre risas Elena Jiménez, ama de casa de 66 años en Maracaibo, capital del estado Zulia, donde los cortes eléctricos son constantes.
La caída se registra un mes después de las elecciones en las que Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato consecutivo de seis años, hasta 2031.
La oposición liderada por María Corina Machado asegura que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones y que tiene las pruebas para demostrarlo. La denuncia de fraude es vista desde el chavismo como parte de un complot contra Maduro.
Durante la campaña, de hecho, denunciaron supuestos planes para afectar el vulnerable sistema eléctrico.
La reelección de Maduro fue desconocida por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que intenta mediar entre gobierno y oposición para destrabar la grave crisis política, insistió este viernes en pedir la publicación del escrutinio detallado.
González Urrutia, de 75 años, estaba justamente citado para el viernes en la fiscalía, que abrió una investigación penal en su contra.
Es el tercer llamado, después de ignorar los anteriores. Una nueva ausencia del opositor, en la clandestinidad, llevaría a la emisión de una orden de detención.
No está claro cómo quedó el procedimiento en medio del apagón nacional, aunque el canal VTV reportó el desacato sin hacer referencia a un eventual pedido de captura.
La oposición publicó en un sitio web copias de más de 80% de las actas de votación que muestran ganador a González Urrutia. Esta iniciativa es justamente el eje de la citación: "Usurpación de funciones" y "forjamiento de documento público" del Consejo Nacional Electoral (CNE), que no publicó el detalle del escrutinio mesa por mesa como ordena la ley.
Los delitos suponen en teoría la pena máxima de 30 años de prisión.
Maduro ha pedido cárcel para González Urrutia y para Machado. Los responsabiliza además de hechos de violencia en las protestas poselectorales, que dejaron 27 muertos -incluidos dos militares-, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos, incluidos menores de edad.
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