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Los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, desde junio vienen soportando la tragedia de los incendios producida por la mano del hombre, de grupos que al amparo del glosario de leyes y decretos supremos que ampliaron la frontera agrícola controlada para el desmonte, chaqueo y quema de bosques y pastizales, se han dado a la tarea de convertir en llamas la Chiquitania, afectando a las poblaciones más vulnerables. Cochabamba también está viviendo los incendios en la zona de Pocona que está siendo controlada por brigadas de bomberos y por aire.

La realidad nos está demostrando que el legislador y el ejecutivo se han extralimitado en el programa de ampliación de la frontera agrícola, desforestación y saneamiento, aprovechando los dos tercios del Movimiento al Socialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) desde 2006 hasta el 2019, en la que se aprobaban centenares de leyes sin consultar a las regiones y a los departamentos que dan seguridad alimentaria al país.

Se apunta con argumentos sólidos por el grupo de defensores del medio ambiente, que la causa de los incendios en Bolivia que está agravando el cambio climático, la seguridad alimentaria, la contaminación del aire que afecta también a países vecinos (Brasil, Paraguay, Perú), y la violación a los derechos humanos, son los autores intelectuales y materiales de las siguientes normas: Ley 337 de Apoyo a la producción de Alimentos y Restitución de Bosques aprueba  los desmontes de predios excepcionalmente realizados sin autorización hasta 2011, esta norma fue ampliada a través de la Ley 502; Ley 741 autoriza desmontes hasta 20 hectáreas en propiedades pequeñas y comunitarias para actividades agrícolas y pecuarias y  así garantizar la seguridad alimentaria  (2013);  en los periodos de 2015 a 2022 se desmontaron 460.000 hectáreas pero la superficie de producción de alimentos solo abarcó 40.800 hectáreas; Ley 1171 otorga un perdón en referencia al estado de multas por quemas sin autorización; D.S. 24453 que por desforestación fija una multa de 20 ctvs., de dólar  por hectárea (Un boliviano con 39 ctvs por hectárea); D.S. 3973 Autoriza desmonte en bosques  para actividad agrícola en los departamentos de Santa Cruz y Beni el mismo fue ampliado por D.S. 26075 para el sector ganadero y agroindustrial y área de bosques, y Ley 1098 promueve la ampliación de cultivos de etanol y biodiesel.

En la gestión de Evo Morales se han quemado más de 5 millones de hectáreas en la Chiquitanía y Beni y la Provincia Cordillera, y los responsables que rociaban con gasolina los bosques incendiando dolosamente la frondosa vegetación, causando centenares de muertes de animales vacuno, silvestres y aves no han sido investigados. Juzgados y sancionados por el sistema fiscal ni judicial, porque presuntamente los incendiarios contaban con autorizaciones de dotación de 20 o más hectáreas avaladas por las leyes y decretos, y por la contemplación asombrosa de los ministerios de Medio Ambiente y Agua, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra y sus viceministerios, la Autoridad de Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), autoridades que no han cumplido con su responsabilidad de aplicar la Constitución, leyes y normas de conservación del medio ambiente, la biodiversidad, el ecosistema y la preservación de las áreas protegidas y parques nacionales, en estas últimas se han encontrado plantaciones de coca por los colonos del trópico cochabambino (Amboró, Choré e Isiboro Sécure).

Las autoridades de estos ministerios y viceministerios que seguramente integran el gabinete ampliado que se trasladó a Santa Cruz el jueves 12 supuestamente para ser más eficaces en el monitoreo y la aplicación de procedimientos para apagar los incendios, siguen cobrando sueldos y viáticos, pero sin cumplir con su responsabilidad preventiva, y eso es -corrupción-, como es corrupción que los tribunales agrarios de sentencia y el Tribunal Agroambiental permanezcan indiferentes ante las invasiones a propiedades titularizadas por grupos armados y violentos, que han superado las 138 invasiones, solo en loque va de junio a septiembre de 2022. Similar omisión se observa con la jurisdicción penal, el caso de las Londras con torturas por un grupo armado afines al MAS por ejemplo, no se sabe si hay sentencia contra los responsables de estos hechos crueles. Y como el ministerio público y los jueces se muestran tolerantes para estos casos, es lógico pensar que estamos ante una justicia inoperante, sesgada y corrupta, salvando excepciones.

Como siempre el gobierno central ante semejante desastre que causan los incendios desde junio, a remolque actúa declarando hace poco menos que una semana Emergencia Nacional, decide el traslado del gabinete ampliado a Santa Cruz, con autoridades de ministerios del rubro que ni siquiera conocen las características de las zonas afectadas y no cuentan con políticas preventivas en protección medio ambiental, lo mismo podríamos decir del ministerio de defensa que debería tener un avión cisterna con capacidad de 5.000 litros de agua y una infraestructura tecnológica de abastecimiento de agua al avión cisterna y helicópteros.

El D.S. 5225 de 11 de septiembre que declara la Pausa Ambiental Ecológica Indefinida en todo el territorio nacional, determina que las autorizaciones de quema por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) quedan suspendidas y se prohíben otorgar suevas autorizaciones. Asimismo, las tierras fiscales disponibles y afectadas por los incendios serán consideradas como no disponibles por un periodo de 5 años hasta su recuperación, como si los tajibos, robles, soto, curupau, ochoo, momoqui, almendrillo, mara y otras especies de árboles, llevarán en su desarrollo ese tiempo inadecuado en la pausa ambiental (salvo los pastizales).

El proyecto de ley anunciado por el Ejecutivo de incrementar las penas de 6 a 12 años de cárcel a quienes sean responsables de incendios forestales, no resuelve los problemas estructurales del país, y menos que el incremento de la pena sea persuasiva eficazmente, bastará con recordar el aumento en los delitos de feminicidio y violencia intrafamiliar a partir de la agravación de las penas a los presuntos autores. Asimismo, el proyecto de ley que se debate en la Cámara de Diputados de Conversión de propiedades a consecuencias de los incendios de propiedad pequeña a mediana y de esta a propiedad Empresa Agropecuaria, coloca en incertidumbre a quienes han resultado afectados por las quemas y a los propietarios de tierras con título de propiedad consolidada legalmente, por lo que la intencionalidad de esta ley propuesta por el gobierno deja dudas sobre el derecho a la propiedad privada individual o colectiva (art. 56. I. II. Y III de la CPE) y, por el contrario, se contrapone a la garantía de protección de parte del Estado, sobre todo si las propiedades privadas afectadas por los incendios al momento del siniestro cumplían con la función del -interés público-. En todo caso, le corresponde al Estado compensar a las víctimas las hectáreas perdidas de bosques y pastizales para la producción agrícola ganadera, por ser una cuestión elemental de que los animales (vacuno y otras) no pueden quedar sin áreas verdes y represas de aguas.

Los desastres producidos por los incendios han quemado aproximadamente 4,3 millones de hectáreas de las cuales 2.200 hectáreas pertenecen a zonas agropecuarias, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria de Bolivia; han sido identificados 74 incendios activos en 19 municipios de Santa Cruz; 703 familias y 21 viviendas han sido afectadas por el fuego; familias de 2 comunidades han sido evacuadas a lugares seguros que necesitan de alimentación, agua y vestidos; 20% del ganado se queda sin agua ni alimentos; en las comunidades se advierte que las personas presentan cuadros de conjuntivitis, lumbalgia y problemas pulmonares, así reconoció la ministra de Salud.

La contaminación del aire en Santa Cruz alcanza un índice de 400 que es calificada de -peligrosa- para la salud de la población. Se reporta que el fenómeno se ha desplazado aproximadamente a ese nivel en las zonas afectadas por los incendios en los departamentos de Pando (Cobija) y Beni, extendiéndose a todos los departamentos de Bolivia y países fronterizos; de ahí la justificación de las clases virtuales en los tres departamentos más afectados y otros, que paulatinamente retornan a las clases presenciales.

Así el espectro contaminante,  podría estimarse que están expuestos a contraer enfermedades las comunidades más vulnerables, los niños y adultos con enfermedades de base, sobre todo pulmonar. Las manifestaciones más graves podrían ser: Rinitis, Faringitis, Sinusitis, Bronquitis aguda, y eso puede llevar a neumonías agudas por sobre infección bacteriana o viral. Los asmáticos pueden ser gatillados por la acción de los niveles de humo y desencadenar en cuadros de asma grave. Todo esto demanda de medidas urgentes en salud, para evitar que grupos de 5 años y mayores de 60 años se vean comprometidos seriamente en su salud (El Estado garantiza la salud, arts. 35 y 36 de la CPE). Las brigadas móviles médicas deben ser reforzadas con médicos especialistas con las patologías mencionadas.

El ministro de defensa, Edmundo Revollo, informó que se han sumado a las tareas 4 helicópteros y 4 avionetas con capacidad máxima de 800 litros de agua y reconoce que se precisan aviones cisternas de mayor capacidad. La solidaridad internacional está cubriendo estas falencias, Perú envió dos aviones y 150 cajas de agua; Uruguay envió un avión cisterna, Brasil, Chile y Venezuela enviaron a grupos especiales en apagar incendios, los que ya están trabajando en los puntos de incendios. Francia, Canadá y otros países se suman al bloque de cooperación internacional, asumiendo su responsabilidad de que el cambio climático se vea reducido con los esfuerzos de todos los países del mundo, especialmente ayudando a los países en desarrollo como Bolivia, en situación de Declaración de Emergencia Nacional por los incendios en Santa Cruz, y la Declaratoria del Consejo Departamental de Santa Cruz de -Desastre Departamental-.

Ingresando a revisar la normativa internacional, se tiene el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), adoptado en mayo de 1992 y que entró en vigor el 21 de marzo de 1994, su objetivo es la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, a un nivel que impida interferencias antropógenas (causadas por el hombre), peligrosas en el sistema climático, de tal manera que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.

La Convención referida en el artículo 3 desarrolla los principios para mejorar el sistema del Cambio Climático, determinando que “Los países deben proteger el sistema climático para beneficio de las generaciones presentes y futuras, sobre la base de la equidad y del principio de responsabilidades comunes, pero diferencias y capacidades respectivas”. Regula, además, que las partes “Deben tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del Cambio Climático y mitigar sus efectos adversos”. Agrega, que “Las medidas adoptadas para combatir el Cambio Climático, incluidas las unilaterales, no deben construir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción encubierta al crecimiento económico nacional e internacional”.

En esta línea, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 28 de julio de 2022, que, “Todas las personas del mundo tienen derecho a un medio ambiente saludable”. Y, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU., el 22 de abril de 2022 declaró que “Toda persona tiene derecho al acceso a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, como un derecho humano universal”.  En Bolivia, el Constituyente ha establecido en el artículo 33 de la Constitución Política del Estado que: “Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente”.  Esto explica que las instituciones aún de oficio deben proceder con oportunidad y eficacia a enfrentar los atentados contra el medio ambiente, de modo que la omisión o inacción de las autoridades administrativas y jurisdiccionales (Tribunal Agro Ambiental y jueces) no se justifica en casos de incendios con señales de dolo, y deben ser investigadas de oficio hasta responsabilizar a los autores.

Lo apuntado en este párrafo precedente, nos obliga a recordar que en 2019 tras una demanda de un grupo ambientalista, el Tribunal Supremo de los Países Bajos exigió al gobierno de los Países Bajos más esfuerzos para reducir las emisiones de carbono, bajo el fundamento que el Cambio Climático era una amenaza directa para los derechos humanos. En esta misma dirección, la Corte Suprema de Justicia de Brasil declaró que el Acuerdo de Paris sobre el Cambio Climático, es un tratado de derechos humanos y argumentó que dicho tratado debería prevalecer sobre la ley nacional. Estas decisiones tienen que reflejarse y plasmarse en la justicia boliviana y no permanecer en la desidia frente a problemas que afectan los derechos humanos, y por consiguiente implican responsabilidades desde la perspectiva que se la quiera ver.

Por tanto, sin pecar de acucioso, pero sí conmovido por los desastres en Santa Cruz, Beni y Pando, ha llegado el tiempo de decir ¡basta al dolor! Sí a la esperanza, con la cooperación internacional solidaria que desafiando los peligros están camino a controlar la voracidad del fuego conjuntamente las brigadas de bomberos, militares, policías y voluntarios de Santa Cruz y de todo el país, con un objetivo común de preservar la vida, salud, medio ambiente y todos los seres vivos que alegran la naturaleza creada maravillosamente por Dios. Lo importante también son las manifestaciones del pedido de abrogación de leyes y decretos en ciudades Capitales del país y la cultura de solidaridad de los departamentos que comienza a llegar a Santa Cruz consistentes en alimentos, ropa, medicina, agua entre otras ayudas generosas.

Inger Andersen en conflictos de esta magnitud dice: “El planeta enfrenta una triple crisis planetaria, la crisis del cambio climático, la crisis de la pérdida de la naturaleza y biodiversidad, y la crisis de la contaminación de los residuos. De no contenerse dichas crisis pueden provocar  consecuencias desastrosas para las personas de todo el mundo, especialmente las mujeres, la niñez y las personas de bajos ingresos”.