_La reciente política de confiscación de productos agrícolas para su posterior venta a “precio justo” provoca un intenso debate. Aunque la intención de garantizar accesibilidad alimentaria es loable, esta medida puede resultar contraproducente y perjudicial para aquellos a quienes pretende beneficiar.

_Los agricultores, quienes invierten tiempo, esfuerzo y recursos en la producción de alimentos, se encuentran en una situación precaria debido a la intervención del Estado. La confiscación de sus productos no solo vulnera su derecho a obtener una remuneración justa, sino que también desincentiva la producción agrícola. Un arrocero desmotivado por la inseguridad en la venta de su cosecha podría optar por reducir su actividad, lo que a largo plazo podría provocar escasez de alimentos en el mercado.

_Es esencial considerar que la economía agrícola no opera bajo un modelo de precio fijo. Los costos de producción fluctúan y los agricultores dependen de esos ingresos para sostener sus familias y reinvertir en sus tierras. La implementación de un precio máximo, aunque busca proteger al consumidor, crea un desequilibrio que termina afectando la sostenibilidad de la producción agrícola. En lugar de recurrir a medidas drásticas, sería más efectivo fomentar un diálogo entre productores y autoridades, promoviendo políticas que realmente apoyen un comercio justo, en el que tanto agricultores como consumidores puedan prosperar. La solución no radica en confiscar, sino en construir un sistema equitativo y sostenible.