Hay una línea clara entre la ley y la justicia. En Bolivia, esa línea es gruesa y oprobiosa porque la ley está al servicio del poder de turno y porque se utiliza, sin escrúpulo alguno, para perseguir, encarcelar, aplicar tratos crueles e incluso sentenciar a inocentes.

Un claro ejemplo de ello es el caso del Hotel Las Américas y el relato oficial que se tejió después de la acción policial perpetrada en la madrugada del 16 de abril de 2009. En su momento, Evo Morales, Álvaro García Linera, ministros y autoridades policiales repitieron hasta el cansancio que fue desarticulada una organización armada que pretendía atentar contra la vida de altas autoridades del Estado y dividir el territorio nacional.

El discurso oficial fue reforzado con supuestos informes de inteligencia, filtraciones de audios y videos, decenas de declaraciones, detenciones preventivas, extorsiones y chantajes ejecutados por Marcelo Soza, un cuestionado exfiscal que años después escapó de Bolivia y denunció que el caso fue un montaje armado por el gobierno de Evo Morales. Soza fue investigado, juzgado y sentenciado, y ahora es un prófugo de la justicia boliviana.

Y es así que el llamado “caso terrrorismo” se convirtió más bien en un claro ejemplo del “terrorismo de Estado”, concepto que se refiere a la “utilización de métodos ilegales de carácter clandestino por parte de un Estado, con el fin de causar cambios económicos y sociales estructurales en un lapso de tiempo relativamente corto”.

Desde un principio la tramoya oficial mostró varias grietas. Por ejemplo, hasta el día de hoy no se han aclarado las circunstancias de la muerte del ciudadano irlandés Michael Dwyer, cuyo cuerpo tenía seis impactos de bala en tórax y abdomen. De hecho, se denunció que la causa real de la muerte fue un impacto de bala realizado frontalmente en la región del pecho que atravesó directamente el corazón, según la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), evidencia que asemeja el hecho a una ejecución extrajudicial.

Al respecto, el Estado boliviano no hizo esfuerzo alguno por aclarar el hecho, pese a los insistentes reclamos de la madre de Dwyer que llegó a Bolivia en busca de justicia y de las reclamaciones oficiales presentadas por el Estado irlandés. Asimismo, ha quedado claro que el operativo del Hotel Las Américas fue ejecutado sin orden judicial ni la presencia de un fiscal.

Los sobrevivientes del operativo: Mario Tadic y Elöd Tóásó denunciaron torturas, traslados indebidos y vulneración de sus derechos desde el primer día de su detención. Lo hicieron ante jueces, fiscales y comisiones parlamentarias que, supuestamente, investigaron los hechos, pero todos hicieron caso omiso porque el objetivo era respaldar al Gobierno, antes que buscar justicia.

Tadic y Tóásó permanecieron en la cárcel con detención preventiva mucho más allá del tiempo permitido. Tan solo para reivindicar su derecho al debido proceso presentaron al menos once Acciones de Libertad y todas fueron rechazadas. Finalmente, se sometieron a un proceso abreviado para cumplir una sentencia mínima y salir de la cárcel, sin esperanza alguna de conseguir justicia. Y a esas historias se suman los vía crucis de Juan Carlos Guedes. Alcides Mendoza y Zvonko Matkovic, entre otras víctimas.

Por esos y otros excesos, el Estado boliviano está a punto de ser sometido a juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es un ataque del imperialismo ni de la derecha, como reza el discurso de Evo Morales, Álvaro García o Juan Ramón Quintana.

Equivocados estaban todos los protagonistas de esta historia cuando creyeron que la verdad moriría enterrada bajo toneladas de memoriales. Pero es sabido que el poder se acaba y que la justicia tarda pero llega. Nadie es eternamente impune.