El transporte público paralizó gran parte de las actividades en el país. Fueron suspendidos los servicios de micros urbanos e interdepartamentales y los camiones que hacen servicio internacional llevaron adelante su segundo día de protesta. En ambos casos hubo bloqueos, lo que complicó la vida de los bolivianos. El presidente Luis Arce, en persona, anunció las acciones para que llegue el diésel y se pueda normalizar la provisión, pero ni eso frenó las medidas de presión.

La escasez de diésel no es coyuntural; hace muchos meses que falta este carburante que es vital para el desarrollo del sector agropecuario y para el transporte de pasajeros y de carga. Es más, en febrero de este año, el Gobierno acordó con los empresarios sectoriales la autorización para que los privados accedan a una subasta de combustible y tengan la posibilidad de importarlo directamente. Hasta ahora no ha ocurrido.

La falta del combustible repercute en los ingresos del país, ya que el sector agropecuario ve que se complica la siembra y la cosecha de sus productos. Como un paliativo a esta realidad, está el anuncio gubernamental de que se está descargando diésel de buques que llegaron de ultramar y que con eso se proveerá a los consumidores. Pero también quedó claro -lo dijo el presidente- que el contenido de un buque alcanza para el suministro por una semana y que cuatro buques (los que hay en Arica) serán suficientes para un mes. ¿Y después de ese tiempo? ¿Cómo se garantiza que la provisión será regular y que no llegaremos a esta misma situación?

El otro factor a considerar tiene que ver con el costo que le significa al Gobierno la importación de combustible y la subvención establecida en el país. Se sabe que para este año se presupuestaron más de 2.000 millones de dólares para este fin y que esta asignación contribuye de manera importante al déficit fiscal.

En contrapartida, hace meses que, ante la falta de carburante en surtidores, hay productores que compraron diésel hasta en el doble del precio oficial, lo que significa que están dispuestos a gastar más siempre que haya una provisión regular del combustible; similar ha sido la posición de transportistas que también se ven afectados.

El Gobierno insiste en mantener la subvención para los hidrocarburos, en el entendido de que un incremento de precios, repercutirá en el encarecimiento de bienes y servicios en la economía nacional; pero una cosa es el discurso y otra es la realidad, ahora los productores ya están pagando más, pero lo hacen en un mercado no regulado que igual existe e impacta en el mercado.

Dada la agobiante situación, es importante que el Gobierno considere cambiar sus políticas sobre los combustibles. Corresponde autorizar la importación de diésel a los privados, con lo que se asegurará la provisión necesaria y las arcas nacionales dejarán de erogar los recursos económicos para la subvención.

De lo contrario, el problema solo se va trasladando hacia adelante y sin solución, pero con un elevado costo de menor producción, encarecimiento de productos de la canasta familiar y pérdidas para el transporte y el agro.

A ello se suma el gravísimo perjuicio que generan los bloqueos de carreteras en un tiempo en el que se necesita producir, exportar y generar recursos. La solución debe venir con determinación y creando un mejor horizonte para el país.