El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha advertido con meridiana claridad que las próximas elecciones generales están en riesgo si es que la Asamblea Legislativa no aprueba la Ley de Escaños que está en análisis en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados desde el mes de octubre.

La Asamblea Legislativa, de anómala y oscura gestión, no ha dado ninguna señal de interés sobre el tratamiento de esa norma, pese a la proximidad del receso legislativo de fin de año y las amenazas que se ciernen sobre el inminente ciclo electoral.

El proyecto de ley tiene un solo artículo, no más de cinco o seis líneas. Implica la reducción de un escaño para el departamento de Chuquisaca y la asignación del mismo a Santa Cruz. En consecuencia, es inadmisible que los parlamentarios de oficialismo y oposición carezcan de una elemental capacidad de entendimiento y valoración de la norma.

El mayor trabajo es para el Tribunal Electoral. A partir de la redistribución de escaños, el TSE debe rediseñar las 63 circunscripciones uninominales tomando como referencia los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda realizados en marzo de 2024.

Al respecto, es pertinente precisar que en la Cámara Baja prevalece el criterio de representación poblacional, por eso es que la cantidad de escaños por departamento aumenta o disminuye en función de procesos censales que se realizan cada 10 años.

Pero de los resultados del Censo se desprende también una realidad demográfica muy cambiante. Por ejemplo, ha quedado demostrado que en pleno siglo XXI la población boliviana es prioritariamente urbana y que existe una alta concentración en eje central. Es más, las ciudades de Santa Cruz, El Alto, La Paz y Cochabamba, en ese orden, concentran el 35% de la población.

Para tener una idea de lo complejo del proceso veamos el departamento de La Paz. La ciudad de El Alto tendrá un mayor número de diputados uninominales respecto a la Sede de Gobierno y muy probablemente existan circunscripciones de ambos municipios, lo que no deja de ser un problema.

Un caso parecido se da en Santa Cruz donde existen zonas densamente pobladas como el Plan 3.000 o la Villa Primero de Mayo, y también se darán casos de diputaciones uninominales que abarquen, por partes, territorios de los municipios de Santa Cruz, La Guardia o Cotoca, por citar algunos casos.

Para realizar este trabajo el TSE debe requerir, entre otros elementos, la información geográfica y cartográfica que tiene el Instituto Nacional de Estadística y también debe confrontar datos existentes sobre la logística electoral y otras particularidades sociológicas e incluso históricas que inciden en el diseño de las circunscripciones. Nada de esto puede iniciar porque la desidia parlamentaria lo impide.

Poner en riesgo la cita electoral del 17 de agosto de 2025, sería desastroso para la democracia; generaría incertidumbre sobre la instalación de un nuevo gobierno, mucho más en la circunstancia de crisis económica que se vive y que se agrava cada día. Y por si lo mencionado fuera poco, también crearía inestabilidad en los gobiernos departamentales y municipales puesto que posesionado el nuevo gobierno nacional se inicia inmediatamente la preparación de elecciones para gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales municipales.

Todo está lo dicho está en riesgo por la negligencia de unos pocos que, independientemente de color político que defienden, tienen un factor en común: el peor parlamento de los 42 años de democracia.