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Pucamayu era hasta hace poco tiempo una pequeña e ignota comunidad campesina enclavada en Villa Tunari, en  el trópico de Cochabamba, -donde no parece existir la presencia del Estado como en tantos otros lugares,- y el pasado 12 de noviembre fue perpetrado por supuestamente algunos lugareños todavía no identificados, el atroz asesinato de cinco personas. Entre ellas se encontraban dos mujeres madres de familia y entre los varones un exmilitar del Ejército boliviano y otro de la Fuerza Aérea, además de un chofer de taxi. Sobre el primero de ellos circula la versión no confirmada de que, tras ser atrapado después de haberse dado a la fuga, fue obligado a cavar su propia tumba y sepultado en vida. Tal el horrendo fin de su existencia por no haber cumplido con la entrega de un par de fusiles FAL por el que había recibido Bs 27.000 de sus captores.

Las otras víctimas fueron torturadas brutalmente antes de recibir, cada una, un disparo de arma de fuego en la cabeza para posteriormente ser quemadas y enterradas en una fosa común descubierta por la Policía que, además, logró la captura de uno de los autores, ya confeso, de la matanza. Otros tres probables involucrados ya estarían identificados y se ha emitido cuatro órdenes de aprehensión contra otros sospechosos.

 Una comisión de fiscales investiga el hecho vinculado inicialmente a un movimiento inusual de armas que, según el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, se habría registrado entre esa zona y la localidad de Parotani, a unos 40 kilómetros de la capital del Valle, donde se hizo fuerte el bloqueo carretero cumplido durante 24 días por facciones afines al expresidente y líder cocalero Evo Morales. Entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre se registraron violentos enfrentamientos con las fuerzas policiales, incluso con el empleo de explosivos que causaron lesiones serias a más de una veintena de uniformados y a los periodistas desplazados para la cobertura noticiosa en sus medios.

Del lado de Morales, el senador y también dirigente cocalero Leonardo Loza, negó terminantemente la existencia de una relación entre las muertes de Pucamayu con un supuesto tráfico de armas para implementar y reforzar los cortes de ruta por el evismo. También descalificó las indagaciones sobre lo ocurrido y las atribuyó a un ‘guión’ teatral armado por el gobierno de Luis Arce para ensombrecer la figura del ex-presidente, cuando está empeñado en volver a ser candidato en las elecciones generales del próximo año, aunque un fallo constitucional ha ratificado su impedimento.

Por su parte el ex-diputado Amilcar Barral ha vinculado los asesinatos con ‘ajustes de cuentas’ al estilo de las mafias del narcotráfico, por la compra irregular de armamento de uso militar durante los bloqueos viales y considera necesario investigar la fuente de financiamiento de esas acciones. Se ha informado, además, que los alcaldes de municipios del Chapare serán citados a declarar por el múltiple crimen y el probable tráfico de armas en la conflictiva región.

No obstante un silencio oficial que hace mucho ‘ruido’, es un imperativo que las pesquisas avancen hacia el completo esclarecimiento de los escalofriantes sucesos en Pucamayu. No pueden quedar, como tantos otros casos, irresueltos y envueltos en una nebulosa. El testimonio ofrecido por uno de los sanguinarios autores, puede contribuir decididamente a la búsqueda de la verdad histórica de los hechos y que urge encontrar.