Los movimientos Ríos de Pie y En defensa del Valle de Tucabaca, en representación de la ciudadanía preocupada por los incendios, y al amparo del artículo 108 de la CPE y del tratado internacional Acuerdo de Escazú, al que Bolivia está suscrito, este 5 de septiembre entregaron una carta as la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierra (ABT), solicitando explicaciones sobre varios puntos.
En primer lugar, demandaron información sobre la metodología usada para contabilizar las hectáreas afectadas por los incendios en todo el país, y por qué difieren de otros cálculos de organizaciones independientes.
En segundo lugar, solicitaron un cronograma concreto de publicación y difusión de esta información de "forma abierta, accesible, completa y transparente, con acceso digital para la ciudadanía",
Por último, demandaron que la ABT detalle en esos reportes los municipios donde ocurren las quemas, especificando si se trata de bosques, pastizales, tierras fiscales, territorios indígenas o de otro tipo. "Adicionar el estado del incendio, si es activo o en monitoreo, la cantidad de días que lleva, y las hectáreas afectadas por cada punto".
Los movimientos firmantes observaron que esta información que piden ya se dejaba plasmada hasta finales de agosto, pero solo para uso interno, "sin acceso público", y criticaron que sin previo aviso hubiera desaparecido de los reportes.
"Es esencial contar con información precisa y actualizada para que todos los actores coordinen esfuerzos", finalizaron.
Hasta los últimos reportes de la ABT se evidenciaba fuego especialmente en tierras fiscales, reservas forestales y territorios indígenas.
Gobernación también en la mira
Desde Alas Chiquitanas recordaron que el 5 de agosto, a través de carta, pidieron a la Gobernación de Santa Cruz informar de forma "eficiente" sobre la situación de los incendios por medios digitales, a fin de "desburocratizar la información".
A eso sumaron otros pedidos, como una mejor coordinación entre el nivel departamental y los bomberos voluntarios, revisar la normativa sobre menores de edad en la mitigación y liquidación de los incendios, informar sobre las denuncias hechas por el Gobierno Departamental por atentados a la naturaleza, etc.
Un mes después, Daniela Justiniano, de Alas Chiquitanas, dejó en evidencia su inconformidad con la respuesta de la Gobernación.
"Nosotros reclamamos en una reunión del COED, pero según ellos su informe es completo. Si revisamos sus publicaciones, el 2 de septiembre y el 20 de agosto, las hectáreas quemadas son las mismas. Están poniendo algunas cifras similares a las del comienzo de los incendios, como gente desplazada, no se refleja la realidad actualizada, cómo es posible que aumenten los incendios y no la superficie afectada. También quiero denunciar que hasta la fecha no han designado a un jefe de bomberos en la Gobernación, Eso es negligente en pleno incendio", denunció.
Apuntó a que no se está dando la información completa, que apenas es un resumen. "Algo está pasando con la Gobernación que no da la información técnica de manera adecuada. En otros países esos datos están en portales, tiene que ser información pública de acceso fácil, sobre todo para la ciudadan+ia que quiere ayudar", aludió.
EL DEBER solicitó la planilla actualizada de municipios en desastre y emergencia, y el reporte más extenso con afectación por cada incendio, y respondieron que ya no había autorización para eso.
Directriz
En 2021, desde sus redes sociales, y después de que la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) publicara superficie quemada, el Ministerio de Medio Ambiente (MMAyA) aclaró que eran la única instancia autorizada para la difusión de esos datos.
Sin embargo, con base en la plataforma SIMB, el MMAyA solo publica focos de calor, no superficie quemada.
En noviembre del año pasado, los activistas ambientales denunciaron que la ABT alteró los reportes de superficie quemada.
“Nos sorprendimos al hacer un seguimiento a los reportes que hace la ABT, no los públicos, sino los que entrega a las autoridades de la MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva) y estos revelan claramente que en el 37 se reporta 3.5 millones de hectáreas, pero al día siguiente reduce a 3.3, es decir, hay una diferencia aproximada de 147.000 hectáreas; no podemos minimizar esta superficie reducida”, dijeron en esa oportunidad los activistas.
Esa incoherencia de los datos también fue observada por la bancada de Comunidad Ciudadana (CC), que el 24 de noviembre del año pasado envió una nota al entonces ministro de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Rubén Méndez, y al director de la ABT, Luis Flores. En ambas misivas, senadores y diputados solicitaron una reunión para que expliquen la variación de datos en los reportes diarios.
Desde esa fecha, la bancada de CC ya pedía conocer la metodología de recolección de datos, como también los criterios de análisis, evaluación, calidad y transparencia de los mismos.