Una nueva sentencia fue emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), esta vez contra la expresidenta Jeanine Áñez, quien recurrió a un amparo constitucional para que le reconozcan su investidura en el denominado caso EBA; pero, el 19 de noviembre recibió otro revés jurídico, cuya sentencia se hizo pública el martes 10 de diciembre.


“Confirmar la Resolución 301/2022 de 5 de diciembre, cursante de fs. 142 a 147 vta., pronunciada por Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, denegar la tutela solicitada de conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración (de) que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada”, señala la sentencia 0914/2024-S3.


El caso se remonta a mayo de 2020, cuando Áñez, en su condición de presidenta transitoria, designó a Karina Leiva Áñez como gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA), en el departamento de Beni. Esa designación fue realizada cuando Áñez era presidenta y por tanto su defensa invocó -nuevamente- que le correspondía un juicio de responsabilidades.


En 2021 el Gobierno presentó el caso ante un tribunal ordinario y luego de un largo proceso burocrático en los tribunales, el caso llegó hasta el TCP, y los magistrados Petronilo Flores Condori e Isidora Jiménez Castro decidieron que la expresidenta debe ser juzgada en tribunales ordinarios.


Áñez había presentado una excepción de incompetencia en abril de 2022, aduciendo que no le correspondía un juicio ordinario. La Sala Penal Cuarta de La Paz accedió a esa petición y derivó el caso a la Asamblea y a la Fiscalía General para que se inicie el juicio de responsabilidades.


Pero el gobierno revirtió esa decisión y la exmandataria presentó un amparo constitucional en diciembre de ese año para que se reconozca el fallo de la Sala Cuarta. El tribunal de La Paz denegó ese amparo y ratificó el juicio ordinario; ese amparo pasó a revisión del TCP, que se pronunció el 19 de noviembre.


Por este caso, la defensa de Áñez adelantó que presentarán la denuncia contra el Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la sistemática violación de los derechos de la exmandataria.


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