ctor Hugo Cárdenas y Arturo Murillo volvieron la tarde de este martes al gabinete de ministros de la presidenta Jeanine Áñez. Tras ser alejados algo más de un día de sus funciones, fueron restituidos como titulares de Educación y Gobierno, respectivamente.

El acto tuvo lugar en Palacio Quemado, donde la jefa de Estado posesionó a las autoridades, que no acudieron a interpelaciones formuladas por el MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), por el caso gases lacrimógenos y por la suspensión de las clases por la pandemia del Covid-19.

“Quiero agradecer su confianza. Bajo su liderazgo hemos trabajado pensando en Bolivia (…) Seguiremos trabajando a pesar de las amenazas de venganza que algunos asambleístas del MAS nos han lanzado, porque creemos que el trabajo que hemos hecho no ha sido para generar odio ni venganza”, afirmó Murillo.

De esta forma, sucede lo mismo que en su momento ocurrió con el ministro de Defensa, Fernando López, censurado por diputados y senadores, pero, a las pocas horas, nuevamente posesionado en esa función.

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La Fiscalía afirma que Murillo ya dio su declaración y que en este caso, acumula información, entre la que está declaraciones de la empresa brasileña que vendió los agentes químicos y de un testigo que trabaja en ese país para "aclarar algunas dudas".

A su turno, la máxima autoridad nacional destacó las gestiones realizadas por su administración. “Llevamos adelante una elecciones transparentes y limpias, en las cuales los bolivianos hemos elegido al futuro Gobierno y a la futura Asamblea”, dijo, anticipando la entrega de mando “con normalidad y cortesía”.

Desde el MAS, la presidenta de la Cámara Alta, Eva Copa, anunció un juicio de responsabilidades contra las autoridades del Ejecutivo, por, a su juicio, incumplir la Constitución Política del Estado (CPE), que manda a apartar de sus cargos a los ministros que no reciban el voto de confianza de la Asamblea.

Además, existe una ley que promulgó la misma autoridad, la cual señala que un ministro censurado y apartado del cargo, no puede ejercer nuevamente un cargo público en al menos tres años.

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