El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recibió el respaldo el Gobierno y de las fuerzas políticas del país para llevar adelante las elecciones judiciales del 15 de diciembre, pero el gesto aún no es suficiente para revertir el fallo constitucional que anula parcialmente el proceso de renovación de los altos magistrados del Órgano Judicial, según la postura del oficialismo y de especialistas.
El día después de la “cumbre política” convocada por el TSE para salvar las elecciones judiciales, autoridades del Ejecutivo y representantes de la facción arcista del MAS se refugiaron en la legalidad constitucional del fallo que golpeó el proceso electoral.
A solo un mes del sufragio, dos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitieron un fallo que anula la renovación de las más altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Beni y Pando, debido a demandas de aspirantes a esos altos cargos.
Además, los magistrados René Yván Espada Navía y Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano dejaron sin efecto el proceso electoral para cambiar a los magistrados del mismo TCP donde ellos están en Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija. Se trata de la sentencia 070/2024.
“Todas las sentencias constitucionales se obedecen; eso de que son auto-prorrogados y no sirven es un discursito nomas; porque los del Tribunal Constitucional, cuando estaban totalmente vigentes, sacaron esa sentencia que dice: ‘les vamos a entregar (los cargos) cuando ustedes elijan’”, declaró este martes el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico.
La autoridad aseguró que el Gobierno respaldó el proceso electoral judicial “de muchas maneras”, incluso proporcionando el presupuesto para su realización. Eso sí, este apoyo no puede vulnerar lo que señala la Constitución.
“Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno”, establece el Artículo 203 de la Constitución Política del Estado.
“La posición del Ejecutivo es el cumplimiento de la sentencia. (…) También el incumplir una sentencia constitucional iría en contra del principio de independencia y separación de poderes”, señaló el ministro de Justicia César Siles sobre el fallo del TCP.
El dictamen constitucional no anula todo el proceso de elección de magistrados. Se mantiene vigente el proceso para renovar a todos los consejeros de la judicatura y del Tribunal Agroambiental. En Oruro, Potosí y Chuquisaca aún no existe ninguna afectación al calendario.
Ante este complejo escenario, el TSE convocó para el lunes a representantes de todos los poderes públicos y a los representantes de las fuerzas políticas. Ningún representante del Órgano Judicial asistió a la convocatoria.
Los vocales electorales también plantearon “una ley corta” para viabilizar “de manera integral” la celebración de las elecciones el 15 de diciembre, además de un ajuste en la Ley 044 para que, en caso necesario, sean juzgados a través del mecanismo del juicio de corte, es decir con privilegios, tal como sucede con los titulares de todos los poderes públicos.
“Apoyamos contundentemente que se lleven a cabo las elecciones judiciales y eso es lo que también hemos colocado en el acuerdo y creo que todos los actores políticos también han estado de acuerdo”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Ómar Yujra.
La autoridad evitó precisar el procedimiento legal para cristalizar ese apoyo y aclaró que no habrá una “ley corta” tal como había propuesto el TSE para “blindar” el proceso electoral.
“El tema de la ley corta en este momento no da por el tema de los tiempos, por esta razón es que el acuerdo básicamente radica en el apoyo al Órgano Electoral Plurinacional, que tiene plena competencia, pero que ahora tiene el apoyo de los actores políticos”, apostilló Yujra.
“Lo que hoy hace el sistema parlamentario es decirles: ‘Ustedes, señores de la Corte Electoral, tomen cualquier decisión y ustedes se hacen responsables de la misma’. Yo no les doy ningún blindaje, ninguna protección, ninguna legislación y ustedes se ocupan de esto”, comentó el expresidente Jorge Tuto Quiroga sobre este aspecto.
En ese sentido, exteriorizó el temor de que a final de este año tampoco se renueve el Órgano Judicial. De hecho, existen otros 33 recursos que están siendo examinados por los dos magistrados bajo esa misma jurisprudencia.
El mandato constitucional de los 24 magistrados del Órgano Judicial concluyó el 31 de diciembre de 2023, pero ante la ausencia de acuerdos políticos para la selección de candidatos, los magistrados del TCP dispusieron de manera unilateral prorrogarse de manera indefinida en sus cargos más allá de los plazos fijados en la Constitución.
Para la asambleísta departamental Paola Aguirre (Creemos), esta irregularidad ya constituye un incumplimiento formal de las leyes y la Constitución. “Lo que corresponde es que el fiscal general solicite un allanamiento para la aprehensión los magistrados autoprorogados del TCP”, declaró.
La ex vocal del TSE Dina Chuquimia consideró que esa figura también se puede aplicar contra los vocales electorales en caso de que lleven adelante las elecciones judiciales desoyendo el fallo constitucional. Dijo que también se pondrá en riesgo la validez de la elección.
“Si bien los fallos del TCP son vinculantes y obligatorios, la propia Constitución (Artículo 208) hace responsable al TSE de ejecutar un proceso electoral q no puede ser anulado por ninguna causa y ante ninguna instancia”, afirmó el constitucionalista Israel Quino.
El Tribunal Supremo Electoral recibió el apoyo institucional de la Asamblea Legislativa y de los partidos, mientras el ministro de Justicia, César Siles, dio por válida la sentencia constitucional que anula el proceso. La prórroga ya dura un año