El último año del Gobierno del presidente Luis Arce se presenta cuesta arriba porque, a pesar de que un asambleísta arcista es presidente de la Cámara de Diputados, éste no goza de reconocimiento de todo el pleno. Es más, para los evistas (MAS) no hay un directorio por lo que aseguran que no se podrán instalar las sesiones ni aprobar créditos ni leyes.
Desde el nuevo directorio, su presidente, Omar Yujra (MAS), y la segunda vicepresidenta, Toribia Lero (CC), defienden su legalidad y aseguran que el trabajo administrativo se cumple con normalidad. Este miércoles se reúnen para acordar cuándo convocaran a sesión camaral.
Mientras Yujra hace lobby en busca del apoyo y reconocimiento de sus colegas, Lero atribuye el conflicto de la Cámara Baja a un tema estrictamente interno del partido de Gobierno. Además, rechaza las advertencias desde el Ejecutivo que amenazó con no pagar los sueldos a los asambleístas. La legisladora recordó que el Legislativo es un órgano que no depende del Ejecutivo para cuestiones administrativas.
Son al menos 375 millones de dólares de cuatro créditos internacionales que el anterior presidente Israel Huaytari no logró aprobar. Es más, en su última sesión ninguno de esos proyectos fue considerado por el descontento de los asambleístas que se enfrascaron en peleas durante la sesión.
El diputado Santos Mamani (MAS) del bloque evista indicó a EL DEBER que “no se ha elegido a ninguna directiva” en Diputados y lo que sucedió la noche del martes 5 de noviembre con la posesión de Yujra, fue un acto fuera del marco de la Constitución Política y del reglamento. Por consiguiente, para Mamani, la Cámara de Diputados no tiene directorio, cualquier actuación de Yujra “es ilegal” y lo que corresponde es realizar una elección cumpliendo lo que dice el reglamento interno.
“No hay directiva, no hay presidencia, todos sus actos son ilegales y están usurpando funciones que no le corresponden”, puntualizó Mamani a este medio y agregó que la actual directiva liderada por el paceño Yujra, se autodesignó.
El legislador contó que la noche de la elección de Yujra hubo una serie de irregularidades como por ejemplo que tras que Huaytari declaró cuarto intermedio hasta la mañana del 6 de noviembre, la diputada primera secretaria, Rosario García, y la primera vicepresidenta Verónica Chalco “usurparon funciones” reinstalando la sesión en presencia de Huaytari. Y como éste declaró cuarto intermedio, muchos se marcharon y García contó como votos de apoyo para la nueva directiva a los asambleístas que estaban parados a punto de dejar el hemiciclo.
El primer acto de rechazo a Yujra fue en la sesión de honor del 7 de noviembre cuando el presidente Luis Arce debía brindar su informe de gestión. No obstante, los asambleístas evistas armaron un alboroto en rechazo a la presencia de Yujra, le echaron agua y le arrojaron las plantas del arreglo floral decorativo instalado para la ocasión. La agresión también afectó a David Choquehuanca que suspendió la sesión. Quien no sufrió ningún ataque fue el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez porque no fue a la sesión de honor.
Pese al rechazo, protestas y desconocimiento, Yujra y su directorio ya asumieron sus cargos, al menos de forma administrativa. Todos se instalaron en sus nuevas oficinas, el presidente de Diputados ya designó al oficial mayor de la Cámara y tuvieron su primera reunión como directiva, informó el parlamentario a la prensa. Este miércoles se vuelven a reunir para definir cuándo convocan a sesión para elegir las comisiones y los comités. Yujra dijo que buscará dialogar con todos sus colegas.
“Nosotros estamos dialogando. Vamos a estar en permanente diálogo con todos los actores políticos, con las tres fuerzas políticas, creo que es un año donde debemos mostrar unidad y no puede ser que ante las amenazas quieran sustituir el derecho que tenemos de sesionar y debatir”, dijo el asambleísta.
La segunda vicepresidenta, Toribia Lero, afirmó que el conflicto que hay en Diputados es efecto de la pelea interna del MAS, lo que afecta a toda la instancia camaral y muestra una imagen mala ante la sociedad.
“La bancada de Comunidad Ciudadana no tiene ningún problema, Creemos tampoco tiene problemas y lo complican tanto y hacen ver como si fuera que los 130 diputados estamos en ese conflicto y no es así. Ellos (por el MAS) tienen 75 diputados y son mayoría, Comunidad Ciudadana tiene 39 parlamentarios y Creemos tiene 16. El MAS es la primera fuerza, pero están divididos y nosotros no tenemos nada que ver. Y la solución parte solo de ellos, ojalá depongan sus actitudes”, dijo Lero a EL DEBER.
El exsenador y experto en el manejo legislativo, Carlos Börth, afirmó que, si realmente existe un rechazo mayoritario a la nueva directiva, los asambleístas tienen dos caminos para revertir el hecho, más allá de las denuncias y protestas que expresan en los medios.
Una de las formas es verificar mediante los videos grabados de la sesión cuántos asambleístas votaron para elegir a la nueva directiva. “Una vez teniendo eso proceden al cómputo y si los que votaron para esa directiva no suman la mitad más uno de los presentes, entonces esa elección es nula. No basta decir que no tenían votos, tienen que demostrarlo”, explicó el analista a EL DEBER.
El viceministro Gustavo Torrico salió a dar su postura en este dilema legislativo y aseguró que, en la accidentada sesión, Yujra habría recibido 76 votos de apoyo de las tres fuerzas políticas. El hecho fue rechazado por los evistas que calificaron a Torrico como “un bufón” sin la más mínima credibilidad.
Börth considera una segunda vía. Los asambleístas pueden presentar un “recurso contra resoluciones de las cámaras” ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante el cual se puede desconocer y objetar la legalidad del directorio.
“Ésas son las dos vías, y lo peor que pueden hacer es dedicarse a declarar que ese directorio es ilegal, mientras los otros ya están ejerciendo porque no están siendo impugnados ni nadie les anula la designación”, agregó Börth.
La renovación de magistrados a través del voto será parcial el 15 de diciembre por efecto de un fallo de dos jueces constitucionales que pidieron que el proceso vuelva a fojas cero en seis regiones. El dictamen es vinculante, aunque piden aclaración