Terminó el conteo de votos de la elección parcial de magistrados y el presidente del Tribunal Constitucional (TCP), Gonzalo Hurtado, anticipó que ‘seguirá’ trabajando’ luego de la elección “casi completa” de los altos magistrados del país.
El magistrado acogió de ese modo las observaciones de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la urgente tarea de elegir “a todos” los magistrados, aunque el organismo también observó la decisión unilateral que asumieron las altas autoridades de prorrogarse en sus cargos por encima de lo que establece la Constitución Política del Estado.
“Es un desafío muy importante en el cual todos estamos comprometidos y al cual debemos aportar desde nuestras funciones, es decir, el compromiso del Tribunal Constitucional y sus magistrados (es) que seguirán trabajando para lograr el cumplimiento de nuestra constitución política del Estado”, apuntó Hurtado el jueves en un acto público.
Hurtado y otros cuatro magistrados del TCP forma parte de las autoridades que, hace un año, decidieron extender su mandato más allá de los seis años que establece la Constitución. En su presentación, la autoridad no se refirió a ese límite de mandato establecida en la CPE.
“La misión de observación electoral de la OEA no puede dejar de llamar la atención respecto a la situación creada por los magistrados del TCP que han extendido su mandato más allá del plazo establecido en la Constitución y que, a través de decisiones, en las que incluso intervinieron, retienen una mayoría en dicho Tribunal”, se lee en el informe del organismo.
La misión, dirigida por el abogado uruguayo Edison Lanza, exrelator de Libertad de Expresión de la CIDH, también hizo “un llamado enérgico a todas las instituciones bolivianas a buscar, de manera urgente, una solución que permita concluir con la selección de las y los integrantes pendientes del TSJ y el TCP, a través de un mecanismo estrictamente apegado a la CPE”, es decir a través de elecciones gestionadas a través de la Asamblea Legislativa.
El ministro de Justicia, César Siles, sostuvo que la declaración constitucional 049/2023, que establece la prórroga de estos magistrados será hasta la elección judicial, proceso que ya se realizó. La autoridad adelantó el mismo día de la elección que está en curso un diálogo interinstitucional para tratar este tema y dar certidumbre a la población.
“El análisis de la declaración constitucional 49/2023 es clave para esto. Si nosotros realizamos un análisis de esa declaración constitucional que ha permitido el mandato de todos esos magistrados – algunos de ellos se están renovando ahora, y otros no – vamos a entender en el contexto de la (sentencia constitucional) 770 y 777, que al momento de realizarse este acto eleccionario por más que haya sido parcial o casi completo, como lo digo yo, ha terminado el mandato de los anteriores magistrados”, dijo el ministro Siles
Sin embargo, Hurtado aseguró que la salida debe ser en apego a la Constitución, es decir a través del voto y una ley que sea elaborada por la Asamblea Legislativa. De hecho, el magistrado culpó a esta entidad por la prórroga y la decisión de anular la convocatoria para al menos cuatro regiones del país.
“Este es con seguridad uno de los temas de agenda legislativa que debe resolverse. Nuestra Constitución Política del Estado señala con absoluta claridad que los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agronomental y Consejo de la Magistratura deben ser elegidos por sufragio universal, es decir, elegidos por el pueblo en urnas y esto debe cumplirse, así lo exigimos como tribunal”, señaló Hurtado.
La misión de observación electoral de la OEA enfatizó que el contexto de las elecciones estuvo marcado por una profunda polarización política, tanto dentro del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) como entre el gobierno y la oposición. Esto se tradujo en bloqueos de carreteras y retrasos en el calendario electoral.
Además, el informe denuncia una judicialización excesiva de decisiones electorales, con más de 60 expedientes presentados ante el TCP, un aumento significativo respecto a elecciones anteriores. Según la OEA, este fenómeno refleja debilidades estructurales en el sistema judicial y electoral boliviano.
- Aprobación de un marco legal integral: Diseñar una ley marco que regule todos los aspectos del proceso de selección y elección de autoridades judiciales, garantizando transparencia, objetividad y meritocracia; además, alejado de cualquier interés político.
- Reformas al sistema de elección popular: Evaluar alternativas para reducir la politización del proceso y asegurar la independencia judicial.
- Fortalecimiento de la transparencia: Publicar de manera oportuna documentos clave del proceso electoral y garantizar la colaboración con veedurías ciudadanas.
- Revisar el rol del TCP: Clarificar las competencias del TCP para evitar interferencias en el sistema electoral y judicial.
El presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, indicó que queda una tarea pendiente que es de responsabilidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Garantizar un proceso de preselección y elección de autoridades del TCP y TSJ en los departamentos que no hubo elecciones el pasado domingo.