Segundo día de protesta. La base social leal a Evo Morales consolidó al menos cinco puntos de bloqueo en Cochabamba, la región central del país cuyas vías vinculan a occidente y oriente. Ellos aseguran que se movilizan para exigir al gobierno de Luis Arce el cumplimiento de un pliego de peticiones vinculado con demandas de la “canasta familiar”.

Eso sí, los movilizados también tomaron las carreteras para evitar que el exmandatario sea capturado por la Policía o incluso “trasladado a Estados Unidos”, según un pronunciamiento leído ayer en La Paz por la diputada Gladys Quispe (MAS). Morales tiene abierto un proceso penal en Tarija por el delito de estupro agravado y trata de personas, además, está en trámite una alerta migratoria para evitar que salga del país por otras denuncias vinculadas con irregularidades que pudo cometer en su gestión. 

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, afirmó la noche del martes en Santa Cruz que no podía entregar mayores detalles a la prensa por su probable aprehensión porque el caso “está bajo reserva”. Esto sucede cuando está en juego la dignidad de una niña o niño, que son protegidos por el Estado.

Para aclarar las denuncias de un posible abuso a una niña de 15 años, Morales fue convocado por la Fiscalía de Tarija para el pasado 10 de octubre. La exautoridad no se presentó y fue entonces que la fiscal de esa región del país, Sandra Gutiérrez, afirmó que lo que correspondía era su captura y aprehensión, precisamente, por incumplir esa citación legal.

La defensa de Evo presentó un recurso para que se respete “al juez natural de la causa” y sea investigado en el trópico de Cochabamba, donde está su bastión político. Eso sí, los juristas patrocinantes de Morales no presentaron ninguna acción de reparación en favor de la supuesta víctima. El padre de ella fue detenido esta semana bajo cargos de trata por este caso.

El 10 de octubre, junto a sus bases cocaleras del sindicato Chimoré, el senador Leornardo Loza, uno de los más cercanos a Evo, dijo que el bloqueo para protestar por la posible aprehensión. Loza dijo ayer en La Paz que la medida era “porque el Gobierno no atendió las peticiones de sus bases”, vinculadas con la administración de la economía.

Tras el primer día de bloqueo evista, el presidente Luis Arce removió a todo el alto mando policial. Sucedió luego de un mes haberlo ratificado con los ascensos al grado de general. Los evistas, según el pronunciamiento conocido ayer, aseguran que el cambio estuvo vinculado con la negativa del general Álvaro Álvarez, el comandante nacional removido de su cargo el lunes, de ejecutar la aprehensión de Evo.

“Al gobierno no le interesa si va a haber un mandamiento de aprehensión. Ellos lo van a ejecutar directamente. Es por eso que estas dos nuevas autoridades, el comandante departamental de Cochabamba, Edson Claure Mora, y el director nacional de Inteligencia, Ismael Vilca Vargas, le han prometido al gobierno que sí o sí lo van a detener a Evo Morales. Pero vamos a estar alerta nosotros también, conjuntamente, nuestras organizaciones sociales”, declaró Quispe tras leer el pronunciamiento del evismo.

“Es más, tenemos un representante, un embajador, ante la ONU, quien es Diego Pary. Desde ahí ya se viene activando también que una vez que detengan a Evo Morales, lo van a remitir a Estados Unidos. Es así como está planificando el Gobierno”, añadió la legisladora ligada al evismo.

Similares pronunciamientos se leyeron ayer en poblaciones rurales de Potosí y Cochabamba. Estos mensajes se transmitieron luego a través de las redes sociales de la radio Kawsachun Coca, desde Lauca Ñ, mientras los bloqueos se mantenían hasta el cierre de la presente edición.

De hecho, ayer por la mañana, con piedras y dinamitazos campesinos de la base evista lograron cerrar los accesos a la estratégica zona del Valle Bajo, donde se encuentran las poblaciones de Sipe Sipe, Parotani y Suticollo; todo ello a pesar de una acción policial y de vigilancia que tuvo lugar el lunes. El ministro Del Castillo, afirmó que se está evaluando “punto por punto” para ver si son o no intervenidos.

La autoridad explicó que hasta anoche había cinco puntos de bloqueo. “Tres de ellos estáticos, dos de ellos esporádicos”, es decir con horarios para el tránsito de vehículos. Recordó que, por efecto de la operación policial del lunes en Parotani se detuvo a 13 personas. Ayer, 10 de ellas fueron liberadas por el juez de Sipe Sipe. El diputado evista del MAS Pacífico Choque, que acompañó a los aprehendidos, calificó de “caso armado” ya que el Ministerio Público no logró encontrar “ningún indicio probatorio” contra ellos.

Del Castillo señaló que unas de las personas capturadas por la Policía fue encontrada “escondiendo dentro del abdomen artefactos explosivos, dinamitas, mechas lentas, entre otros”. Ayer, los movilizados emplearon esos artefactos para cerrar las vías, pero la Policía no se movilizó.

El punto de bloqueo más complicado estuvo ayer junto a la carretera que une Cochabamba con el occidente del país, Oruro y La Paz, principalmente, pero, especialmente, con los puertos del norte de Chile que son empleados para el comercio internacional y para importar el diesel, un carburante subvencionado que es escaso en Bolivia.

En efecto, el presidente de la estatal petrolera YPFB, Armin Dorgathen, afirmó que el bloqueo evista frenó el tránsito de 300 cisternas que contienen más de 1,2 millones de litros de combustibles que deben ser distribuidos en Cochabamba y Santa Cruz. El impacto de esa medida ya se notó anoche en Santa Cruz.

La administradora del cobro de peaje y control de pesos en la Red Vial Fundamental del país, Vías Bolivia registró, por su lado, una pérdida de más de Bs 719.000 informó el ministro de Obras Públicas, Servicios, Édgar Montaño.

Otros sectores productivos también comenzaron a sentir los efectos de esta protesta.

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