¡Por fin! Las elecciones celebradas ayer en todo el país para renovar parcialmente a los altos magistrados del Órgano Judicial se realizaron con un año de demora y en medio de tensiones provocadas por las decisiones asumidas por el Tribunal Constitucional (TCP).

A pesar de este contexto complicado y de la crítica ciudadana, el proceso transcurrió mayormente en calma, según reportes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), observadores de la OEA y ciudadanos.

“La jornada transcurrió de manera normal, en todos los tribunales electorales departamentales no tuvimos ningún reporte de algún hecho irregular que hubiese puesto en peligro el desarrollo de la jornada, las informaciones que hemos recibido dan cuenta de que ha habido una alta participación y estamos confiados en que esa participación haya sido positiva y que aquella tendencia del voto blanco y nulo que se dio en las dos primeras elecciones puedan revertirse en esta tercera oportunidad”, explicó el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, en la evaluación final del proceso electoral que se desarrolló ayer.

En Bolivia el voto es obligatorio y es por eso que los indicadores de participación electoral rondan el 80% a excepción de la elección judicial. En las anteriores dos versiones, de 2011 y 2017, este proceso electoral apenas superó el 70%. En el TSE esperan que ese indicador se repita también este año.

El voto nulo y blanco superó el 50% en los dos anteriores comicios judiciales y eso puso en tela de juicio la modalidad para elegir a los altos magistrados por voto y no por sus méritos.

“El sistema electoral boliviano es un poco lento en dar los resultados, pero es un sistema absolutamente seguro”, subrayó el presidente del TSE al anticipar que “a lo sumo en tres días” se conocerán los resultados finales de los comicios. El conteo oficial comenzó anoche a merced de una sesión permanente de la sala plena de los tribunales departamentales.

Este año, la elección estuvo acompañada de cuestionamientos sobre el desconocimiento de los candidatos por parte de la ciudadanía. Hassenteufel defendió —ya en su reporte de media jornada— la estrategia de comunicación utilizada, que incluyó redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook, además de foros de méritos. Sin embargo, reconoció que este esfuerzo no fue suficiente para llegar a todos los ciudadanos.

En el plano operativo, se habilitaron más mesas para la emisión de certificados de impedimento y se solucionó rápidamente un fallo en la página web del OEP, lo que permitió continuar con el proceso sin interrupciones. Según el reporte final, el TSE “no se tomaron las previsiones ante el volumen de ciudadanos que acudió para recabar ese certificado”, que es justificativo ante la obligatoriedad que tiene el ciudadano de votar.

En el centro de atención que el TSE instaló en el barrio paceño de Obrajes, se formaron filas interminables de ciudadanos que buscaban los certificados por su inasistencia a la elección.

De acuerdo con la normativa electoral, el certificado de sufragio es un requisito indispensable para hacer trámites bancarios y ante entidades públicas, incluso para viajar a otras regiones. Esta exigencia estará vigente por 90 días, es decir hasta marzo de 2025.

 Jornada tranquila

Las elecciones de ayer se llevaron a cabo en un ambiente de normalidad y respeto, aunque con desafíos logísticos y críticas al sistema. La ciudadanía acudió a las urnas con dudas respecto a la utilidad de esos comicios para “transformar a la justicia” en favor del país.

En Santa Cruz, la jornada electoral tuvo una amplia participación, con votantes que llegaron solos o en grupos, y comerciantes beneficiándose del movimiento, aunque hubo críticas sobre la fecha en la que se dio el verificativo.

“Esta es una fecha bonita para las familias y debido a las elecciones no ha venido mucha gente”, contó un productor de achachairú en Porongo. Las visitas a ese poblado situado a 20 kilómetos de Santa Cruz , se redujeron por efecto del auto de buen gobierno.

Por el mercado Los Pozos, otra comerciante se quejó por la falta de público. Explicó que por estas fechas muchas personas van a Cotoca y, precisamente, se embarcan en esa zona. “Esto nos ha perjudicado y justo ahora”, dijo.

La plaza 24 de Septiembre se destacó por su ambiente festivo y navideño, con personas paseando en bicicleta o junto a sus mascotas. Por la tarde, negocios locales comenzaron a reabrir, marcando el fin del día electoral. Sin embargo, persisten cuestionamientos hacia el proceso. El senador Erik Morón calificó las elecciones de accidentadas y enfatizó la necesidad de un sistema judicial independiente y libre de corrupción. A pesar de las críticas, destacó que la alta participación simboliza esperanza y unidad con miras a los comicios de 2025. Ese mismo fue el tono de otros opositores.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, llamó a votar para recuperar la normalidad en la de justicia y cuestionó el selló político de las decisiones de los magistrados.

En el plano electoral, algunas mesas de votación iniciaron tarde debido a la ausencia de jurados electorales, lo que generó retrasos en el proceso. En varios colegios, la asistencia masiva en horas de la tarde extendió el cierre de las mesas, aunque todos los votantes en fila lograron sufragar. Además, en algunos puntos de control, hubo quejas por trato desigual hacia infractores de la normativa.

El TSE reconoció esas falencias y aseguró que fueron superadas. Hasta antes de la medianoche, 1.889 actas habían llegado a los tribunales electorales de cada uno de los departamentos del país.

En todo caso, Hassenteufel reconoció que estas elecciones judiciales fueron más complejas que las generales de 2020 debido a un escenario político y social polarizado. El fallo del TCP que declaró desiertas varias convocatorias no solo generó un retraso de un año en el proceso, sino que también dejó vacantes clave en los departamentos de Beni, Pando, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. Esta situación provocó que el TSE administre una elección incompleta, algo que Hassenteufel calificó de “inaudito” y fuera de los marcos establecidos por la Constitución.

Por otra parte, especialistas en derecho constitucional subrayan que las elecciones representan una prueba para la capacidad del sistema de reconectarse con la ciudadanía. La alta cantidad de votos blancos y nulos de 2011 y 2017 es señal de desconfianza.

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